El reciente ataque a un candidato a la Asamblea y su padre en Salinas subraya una cruda realidad que alcanza a todos los ciudadanos: la seguridad en Ecuador se ha convertido en una expectativa frustrada. Este atentado se suma a otros incidentes graves que incluso han cobrado la vida de funcionarios y aspirantes a cargos públicos, reflejando un contexto de violencia extendida y exponiendo la vulnerabilidad de figuras públicas y ciudadanos comunes en un Estado donde las garantías mínimas de seguridad se desvanecen. 

La responsabilidad de garantizar el orden recae en las instituciones de seguridad y justicia, que han sido severamente impactadas por el avance de la narcopolítica. Este fenómeno ha comprometido la integridad de las instituciones, erosionando el tejido que sustenta el Estado. El crecimiento del crimen organizado en Ecuador responde a una confluencia de factores complejos, que incluyen la expansión de redes transnacionales y la falta de control efectivo en diversas áreas estratégicas. Desde administraciones anteriores -en particular, durante periodos de permisividad de ciertos gobiernos- estas redes ilícitas han ganado terreno sin resistencia significativa.  

La desinstitucionalización es cada vez más evidente: un sistema judicial plagado de corrupción y unas fuerzas de seguridad mermadas han permitido que la violencia y el crimen organizado dominen las calles. La ausencia de un control militar efectivo intensifica esta percepción de un Estado ausente, incapaz de garantizar un orden mínimo. 

En este contexto de creciente desamparo, es crucial señalar que, mientras Estados Unidos y Europa condenan el narcotráfico, su retórica revela un doble rasero, dado que son los principales consumidores de estupefacientes. A pesar de su aparente implicación en la lucha contra este flagelo, sus esfuerzos resultan superficiales, pues su consumo desmedido perpetúa un ciclo destructivo que agrava aún más la crisis en el país y en toda la región. 

La crisis de seguridad en Ecuador exige una transformación urgente. Es esencial fortalecer y depurar las instituciones, promoviendo un liderazgo audaz para enfrentar al narcotráfico y siendo conscientes de que las consecuencias pueden ser letales. Sin un compromiso verdadero que trascienda la mera retórica y sin el debido apoyo internacional, los ciudadanos seguirán atrapados en un Estado tambaleante, donde la democracia se torne espejismo y la violencia y la impunidad prevalezcan.