El Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronunció sobre la situación del sistema de justicia en Ecuador este jueves 7 de noviembre de 2024, calificando de “preocupantes” los altos niveles de corrupción en el Poder Judicial, que sugieren una posible infiltración del crimen organizado en instituciones de justicia del país.

El organismo destacó en su informe que las investigaciones de la Fiscalía ecuatoriana revelan el pago de sobornos a funcionarios judiciales por parte de redes criminales.

Casos emblemáticos como Metástasis, Plaga y Purga han evidenciado la penetración de organizaciones criminales en diversas instancias del sistema judicial, incluyendo cortes, el Consejo de la Judicatura, penitenciarías y cuerpos policiales.

Durante una rueda de prensa en Ginebra, Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité, enfatizó que esta situación pone en peligro el Estado de derecho en Ecuador, y lamentó la falta de medidas eficaces para proteger a jueces y fiscales, quienes enfrentan constantes amenazas y agresiones. Gómez instó a combatir la corrupción desde el interior de las instituciones, reiterando la importancia de que los jueces sientan el respaldo del Estado.

El informe también cuestionó la militarización en la gestión de las cárceles y alertó sobre el hacinamiento en los centros penitenciarios, solicitando que se reduzca el número de personas en prisión preventiva.

Otros temas de preocupación para la ONU

El Comité también expresó su inquietud por la “normalización” de los estados de excepción en Ecuador, medida que ha sido renovada continuamente en los últimos seis años, limitando considerablemente derechos fundamentales, especialmente para grupos vulnerables como indígenas y migrantes.

En cuanto a los derechos de la comunidad LGTBI, el informe denunció la persistencia de prácticas como las “terapias de conversión”.

Sobre los derechos de las mujeres, el Comité valoró la aprobación de una ley que regula el aborto en casos de violación, aunque lamentó las barreras que persisten para acceder a esta medida, incluyendo la objeción de conciencia por parte de algunos equipos médicos.

El gobierno ecuatoriano, encabezado por una delegación liderada por el procurador general, Juan Carlos Larrea, y la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Arianna Tanca, participó en la sesión del Comité de la ONU para tratar estos temas.