El presidente de la República, Daniel Noboa, ha planteado una reforma al artículo 5 de la Constitución mediante un referéndum. La propuesta busca eliminar la prohibición actual de establecer bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano, así como la cesión de bases nacionales a fuerzas armadas extranjeras.

En entrevista con Contacto Directo, Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana y presidenta de la comisión ocasional que analizará la propuesta de reforma constitucional planteada por el presidente Daniel Noboa.

Garzón explicó que la creación de la nueva comisión responde a la necesidad de dar continuidad al análisis constitucional, luego de que la anterior comisión de enmiendas finalizara su mandato tras la muerte cruzada. Una vez que se inicie formalmente el trabajo de la comisión, se contará con un plazo de 60 días para el primer debate y 90 días adicionales para el segundo.

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La asambleísta señaló que el principal cambio propuesto al artículo 5 es la eliminación de la prohibición explícita de bases extranjeras, dejando únicamente la declaración de Ecuador como “territorio de paz”. Garzón expresó su preocupación por lo escueto del planteamiento y subrayó la importancia de debatir el alcance y los objetivos de la reforma.

“Vamos a llenar la mesa de expertos, desde juristas hasta sociólogos, para entender las implicaciones de esta reforma. No se puede tomar a la ligera un tema que impacta nuestra soberanía y la política de seguridad del país”, afirmó.

Además, Garzón destacó que la discusión debe incluir la participación de actores gubernamentales, especialmente del Frente de Seguridad, para aclarar las razones detrás de la propuesta. Según indicó, la comisión buscará un debate técnico y amplio, explorando alternativas y analizando experiencias internacionales, como el caso de Colombia, que enfrenta desafíos similares en la lucha contra el narcotráfico.

A pesar de las diferencias ideológicas entre los miembros de la comisión, Garzón aseguró que existe consenso en que la reforma no debe usarse como una herramienta política en un contexto electoral. “No se puede engañar a la ciudadanía prometiendo que esta reforma solucionará de inmediato los problemas de seguridad”, declaró.

Sobre su postura personal, Garzón evitó adelantar criterios, argumentando que su responsabilidad como presidenta de la comisión es garantizar un debate imparcial y fundamentado. Sin embargo, recordó que la Revolución Ciudadana históricamente se ha opuesto a la presencia de bases extranjeras, aludiendo al retiro de la base de Manta en 2009 como un ejemplo de que es posible mejorar la seguridad sin injerencia externa.

Riesgos y regulaciones necesarias

Entre los puntos críticos señalados por Garzón y otros comisionados está la posibilidad de que la reforma permita la entrada de fuerzas extranjeras sin un marco regulatorio claro. “Es fundamental establecer criterios para garantizar que cualquier cooperación sea transparente, limitada y enfocada en fortalecer nuestras capacidades, no en sustituirlas”, enfatizó.

La legisladora también subrayó la necesidad de incluir cláusulas que restrinjan el acceso a países con regímenes autoritarios o que no respeten los principios democráticos. Según Garzón, el debate debe centrarse en cómo construir alianzas estratégicas sin comprometer la soberanía nacional.

Próximos pasos

El proceso legislativo continuará con la convocatoria de expertos y representantes del gobierno para definir los parámetros de la reforma. Una vez superado el trámite en la Asamblea, la propuesta será sometida a referéndum para que la ciudadanía decida sobre su aprobación.

“La seguridad no se soluciona únicamente con bases extranjeras; se necesita una política integral que atienda las causas sociales de la delincuencia. Este debate es una oportunidad para construir una visión de largo plazo que realmente beneficie al país”, concluyó Garzón.