En un contexto de creciente violencia, la Policía de Ecuador dió a conocer que, en los primeros diez meses de 2024, ha terminado con la vida de 100 presuntos delincuentes en enfrentamientos que, según la institución, se produjeron en el “uso legítimo de la fuerza”.

La mayoría de estas muertes se concentraron en la provincia de Guayas, donde se registraron 44 casos, 34 de los cuales ocurrieron en Guayaquil y su área metropolitana.

Otras provincias afectadas son Los Ríos, con 16 presuntos delincuentes abatidos; El Oro, con nueve; y Manabí, con siete. Estas cuatro provincias se encuentran bajo el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, con el objetivo de combatir el crimen organizado.

El comandante general de la Policía, Víctor Zárate, justificó estas acciones, afirmando que, aunque la institución prioriza la vida, deben defender a los ciudadanos y a los propios agentes.

Las intervenciones letales de la Policía han aumentado significativamente desde 2023, contrastando con los seis casos registrados en 2022.

Esta escalada se atribuye a las nuevas disposiciones del Gobierno que permiten a los policías utilizar sus armas de fuego en situaciones de amenaza inminente.

Ecuador ha alcanzado la alarmante cifra de 47,2 homicidios por cada 100,000 habitantes, convirtiéndose en el país con la tasa más alta de homicidios en Latinoamérica, un aumento significativo respecto a 2016.

Este incremento se debe al auge de la violencia relacionada con el narcotráfico y las bandas criminales.

Desde inicios de este año, el presidente Noboa ha catalogado la lucha contra el crimen organizado como un “conflicto armado interno”, considerando a las bandas como grupos terroristas y actores beligerantes.

Sin embargo, esta estrategia ha suscitado preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos, con denuncias de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, lo que ha llevado a organizaciones como Amnistía Internacional a manifestar su alarma ante el deterioro de la situación de derechos humanos en el país.

A pesar de que el Gobierno informa de una reducción del 17% en las muertes violentas a nivel nacional en comparación con el año anterior, los episodios de violencia criminal, incluidos secuestros y extorsiones, siguen siendo una realidad preocupante.