Hace algún tiempo, una de mis queridas mentoras mencionó una expresión que cada día en Ecuador resuena con más fuerza por el vacío de respuestas: “Si queremos conocer verdaderamente cómo es un país y la calidad de su democracia, debemos observar cómo ese país trata a las mujeres y cómo son sus prisiones”.
En el contexto ecuatoriano, esta reflexión cobra mayor relevancia. Según datos del Ministerio de Gobierno, entre 2016 y 2020, los principales delitos que generan detenciones a nivel nacional están relacionados con la violencia de género y la violencia intrafamiliar (16,88%), seguidos de los delitos por drogas (14,96%). Esto evidencia no solo la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres, sino también la necesidad de reformas profundas en las políticas de prevención, desistimiento del delito y en el sistema penitenciario.
El pasado 28 y 29 de octubre, Ecuador se presentó ante la sede de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) para la exposición del VII Informe Periódico sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Durante esta evaluación, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, compuesto por expertos independientes, centró sus observaciones en temas críticos para el país como la violencia de género y la situación de las cárceles en el país.
Es importante recordar que la evaluación del Comité se dirige al Estado ecuatoriano, no al Gobierno o a las autoridades actuales. Una de las debilidades que quedó expuesta durante el examen es la deficiencia técnica y la falta de una estrategia real para enfrentar problemas estructurales del pasado hoy agravados por las múltiples crisis y colocan al Ecuador en los ojos del mundo, debido al aumento sostenido de la violencia, reflejado en los alarmantes índices de muertes violentas, femicidios y la violencia en el sistema carcelario.
Ecuador llegó al Comité de Derechos Humanos a los cuatro meses después del 29 de junio de 2024, fecha en que el país conoció la muerte de Pamela Aidita Ati en un recinto militar. A pesar de la gravedad del caso, Ecuador se presentó ante este organismo internacional con un dictamen absolutorio para todos los investigados en la muerte de la Subteniente Ati, sin que se conozcan aun cuando menos sanciones administrativas por las omisiones reglamentarias. En Ecuador, la tasa de femicidios por cada 100.000 mujeres, que en 2018 alcanzó el 0,78, se incrementó al 1,14 para 2023 .
Por otro lado, a puertas de 2025, tras el horror de la violencia en las cárceles, y recordando las crisis de septiembre y noviembre de 2021, en las que el 75% de las personas asesinadas no tenían sentencia y muchas de ellas se encontraban en pabellones transitorios, Ecuador sigue sin tener un Censo Penitenciario. Aún más preocupante, no se ha iniciado ninguna investigación ni sanción por el fraude del Censo Penitenciario de 2022.
Mientras la impunidad prevalezca y el debilitamiento institucional sea la norma, Ecuador no solo seguirá recibiendo llamados de atención de organismos internacionales, que más tarde se convertirán en sentencias de responsabilidad internacional del Estado, sino que también se encaminará hacia un Estado fallido.