Once organizaciones de mujeres y derechos humanos de Ecuador manifestaron su rechazo este miércoles, 30 de octubre, ante la decisión de la Fiscalía de archivar el caso de la subteniente Aidita Ati, quien apareció muerta en el cuartel militar Fuerte Napo, en la provincia de Orellana.

“Un caso tan grave y sensible, ocurrido en instalaciones militares y en un contexto de supuesto ‘conflicto armado no internacional’, no puede cerrarse”, afirmaron en un comunicado, exigiendo “justicia, verdad y reparación”.

La Fiscalía de Orellana decidió no acusar a los seis militares procesados por el presunto feminicidio de Ati, lo que conduciría al archivo del caso.

Esta resolución sigue a un segundo informe forense que atribuye su muerte a un edema pulmonar, contradiciendo los hallazgos iniciales que señalaban lesiones en su cuerpo y posibles indicios de abuso sexual.

Los familiares de Ati, representados por su abogado Galo Quiñones, planean presentar denuncias por fraude procesal e incluso acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar lo que consideran “impunidad”.

Organizaciones denuncian negligencia y encubrimiento

Las organizaciones denunciaron una “negligencia en la investigación” y señalaron que las contradicciones en los informes forenses arrojan dudas sobre las circunstancias de la muerte de Ati.

“El Estado le debe respuestas a la familia Ati Gavilánez”, sostuvieron, criticando la falta de enfoque de género en la investigación y la ausencia de un protocolo adecuado para casos de femicidio.

También cuestionaron por qué se permitió el consumo de alcohol en instalaciones militares, resaltando la necesidad de que se esclarezca la responsabilidad de los superiores en estos hechos.

Los movimientos sociales pidieron a la Asamblea Nacional, al Consejo de la Judicatura y a la Defensoría del Pueblo investigar las negligencias y determinar responsabilidades institucionales en el caso.

“Esta resolución no puede ser tomada como una ‘victoria’ de justicia que declara inocentes, sino como una evidencia de la violencia institucional ejercida por un Estado que sigue perpetuando la impunidad”, concluyeron en su comunicado.