La Comisión de Fiscalización mediante resolución aprobada ayer con siete votos afirmativos, exhortó a los prestadores de servicios telefónicos, tanto públicos como privados, que reestructuren sus tarifas de cobro, en virtud de los servicios que no están prestando y el tiempo efectivo de uso del servicio por parte de la ciudadanía, debido a los problemas de desconexión producidos por los racionamientos de energía eléctrica que se aplican en todo el país. 

Dispone se remita a esta Comisión, por escrito, las acciones realizadas por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL) para garantizar el cumplimiento del artículo 88 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en el contexto de la falta de acceso de la ciudadanía al servicio telefónico durante los apagones, como también las acciones realizadas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) para garantizar el cumplimiento del artículo 144 de la referida Ley, en el contexto de la falta de acceso de la ciudadanía al servicio telefónico durante los racionamientos de energía. 

Igualmente, requiere que el MINTEL remita, por escrito, las acciones realizadas para la reapertura y fortalecimiento de los Infocentros, como puntos de conexión para la ciudadanía durante la crisis energética; y que el MINTEL y ARCOTEL remitan, por escrito, un informe detallado sobre los niveles actuales de cobertura de las redes 3G y 4G en el país, especificando las zonas de cobertura, los porcentajes de acceso por región y los planes de ampliación previstos en el marco de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

Alivio financiero 

Además, la comisión inició el análisis de la crisis energética que afronta el país y su impacto en la economía nacional. Para el efecto, recibió a representantes de las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria; a los gerentes de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE); y, al Presidente de la Asociación de Bancos Privados (ASOBANCA). 

Antonieta Guadalupe Cabezas, superintendenta de Bancos subrogante, informó que propuso a la Junta de Política y Regulación Financiera emita una resolución por la cual establezca un alivio financiero para las operaciones financieras en determinados segmentos de crédito (de consumo, por ejemplo), con un diferimiento extraordinario de las obligaciones por vencer hasta por 90 días, frente a la situación que vive el país. 

De su lado, Cristina Murillo, superintendenta de Economía Popular y Solidaria explicó los mecanismos de supervisión y control que ejecuta a nivel nacional. Indicó que la Superintendencia ha solicitado a las cooperativas que presenten planes de contingencia frente a los casos de riesgo que se presenten como consecuencia de la crisis energética. 

Respecto del BDE, su gerente, Carlos Julio Rivera aseguró que la entidad se activó en dos fases: el levantamiento de una canasta de proyectos en el ámbito energético; y, la búsqueda de una línea de crédito internacional, tomando como prerrequisito la primera, concretamente con el Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo. Citó como ejemplo los proyectos presentados por las empresas EMELNORTE y EMELAUSTRO. 

Entre tanto, el gerente subrogante de la CFN, Bolívar Severino detalló las diferentes líneas de crédito que maneja la entidad y las medidas adoptadas para el alivio financiero, a fin de mitigar los efectos de la crisis eléctrica. Aclaró que todas las medidas están diseñadas en función de la capacidad de pago de los clientes, sin embargo hay ciertos casos, como el de personas emprendedoras, que no pueden contar con garantías para una reestructuración, porque no tienen activos (terrenos, oficinas u otros bienes). No obstante, se buscan alternativas de apoyo para los deudores, añadió.