El propósito fundamental de un debate es ser un espacio para la confrontación de ideas. Sin embargo, en la práctica, se transforma con frecuencia en un escenario teatral donde las promesas se adaptan más a estrategias de campaña que a la realidad. Esto refleja lo que, en Ecuador, y en muchos otros países, constituye la política en su estado actual. Hoy en día, para un porcentaje significativo de ecuatorianos, los debates presidenciales se han convertido en un factor clave al decidir su voto, especialmente tras el impulso que las redes sociales otorgan a estos eventos, amplificando el análisis y la crítica del posdebate.
Cabe recordar que, en Ecuador, el Código de la Democracia establece que estos debates son obligatorios. Aun así, para el próximo debate del 19 de enero de 2025, mi consejo es claro y sencillo: no crean en las promesas de nadie.
En el último debate presidencial de octubre de 2023, más de un millón doscientas mil personas sintonizaron la transmisión, según el estudio de Kantar Ibope Media. Aunque esta audiencia no sea masiva, su impacto se extiende a través de la conversación pública y las redes sociales, fijando el tono del posdebate.
En épocas electorales, los candidatos despliegan toda su artillería retórica para captar la atención y ganar la simpatía de los votantes. Las campañas se vuelven una lucha feroz por el poder, en la que los discursos buscan conectar con las frustraciones y aspiraciones de la ciudadanía. Nos encontramos ante un nuevo proceso electoral, y es predecible que cada equipo político prepare narrativas aún más convincentes para influir en el voto de los ecuatorianos, perpetuando así un ciclo de promesas incumplidas y esperanzas defraudadas.
Un ejemplo reciente es el mandatario, Daniel Noboa, ganador del debate presidencial de la primera vuelta en agosto de 2023, quien, contra todo pronóstico, se destacó como favorito tras su intervención. En el debate, afirmó que resolvería la crisis eléctrica en tan solo nueve meses mediante inversiones en transmisión eléctrica. Incluso mencionó que había un acuerdo con el gobierno de Israel para almacenar y purificar agua, de modo que Ecuador contara con reservas de agua limpia en previsión de las sequías derivadas del Fenómeno del Niño. Al desglosar el costo de la electricidad, arremetió contra empresas como CNEL y Transelectric, acusándolas de corrupción y mala gestión, y prometió una inversión para reducir el precio del kilovatio. Sin embargo, hasta ahora, poco o nada se ha concretado de estas promesas en la crisis eléctrica que vivimos a octubre del presente año.
La historia nos muestra que las promesas electorales rara vez se cumplen. En 2021, Guillermo Lasso, en su debate, apeló al temor de los ecuatorianos al señalar que su oponente, Andrés Arauz, amenazaba con una desdolarización. Prometió: “Vamos a poner dólares en los bolsillos de las familias ecuatorianas con producción, trabajo y liquidez”. Hoy, en cambio, los datos reflejan un bajo crecimiento económico y el incumplimiento de su promesa de atraer más inversión extranjera.
Y si retrocedemos a 2006, Rafael Correa en el debate organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil sostuvo que, para atraer inversión extranjera, era fundamental promover la educación, la productividad y luchar contra la corrupción. Sin embargo, sus diez años de gobierno dejaron un país dividido y un expresidente sentenciado por el caso Sobornos, relacionado con el escándalo de Odebrecht, uno de los mayores casos de corrupción en América Latina.
En conclusión, frente a promesas grandilocuentes en un contexto de alta competencia y tensión electoral, es imprescindible ejercer una cautela crítica ciudadana ante los discursos políticos. Las palabras que hoy entusiasman suelen ser las mismas que mañana decepcionan.