Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, analizó el proyecto de ley económica urgente presentado por el gobierno para enfrentar la crisis energética.

Destacó que las inversiones privadas en proyectos de generación energética, como las energías renovables no convencionales, son cruciales a mediano plazo, pero no resolverán la crisis de apagones actuales.

El proyecto de ley busca eliminar el límite de 10 MW para la generación privada, ampliándolo a 100 MW, e incluso permitiría proyectos sin límite mediante un proceso público de selección.

Sin embargo, Aspiazu enfatizó que mientras no se cubran los subsidios adeudados a las empresas eléctricas —que superan los 800 millones de dólares—, las inversiones necesarias en energía termoeléctrica para paliar la crisis inmediata no llegarán.

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Subrayó que el Estado no tiene los recursos para nuevas inversiones, ni siquiera para mantener las infraestructuras existentes.

“Es ilógico esperar que el Estado invierta más cuando no puede ni siquiera pagar a sus proveedores de servicios básicos como la salud”, criticó.

Finalmente, mencionó que, aunque la ley incluirá nuevamente la garantía de pago mediante fideicomisos, que es fundamental para financiar proyectos de energía renovable, las demoras en la implementación de estos proyectos han sido constantes, y solo se han adjudicado 10 contratos de un bloque de 800 MW de energías renovables no convencionales.