La escritura de la amenaza determinada tras el Decreto Presidencial 111 a partir del cual se amalgaman tres tipologías de fenómenos criminales en una sola: criminalidad organizada, beligerancia y terrorismo está produciendo en la planeación y ejecución de las tareas subsidiarias ordenadas a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional algunos problemas. En el caso del aparato militar el objetivo estratégico de recuperación de territorios en peligro de formalizar soberanías y gobernanzas –que parece ya ocurrir en varias de las zonas rojas- es una tarea complicada no solo por la naturaleza de los distintos actores criminales intersecados con múltiples mercados criminales, sino por la falta de una caracterización puntual de los elementos amenazadores frente a las propias capacidades de defensa de los amenazados.
En este caso, porque enfrentar amenazas volátiles, azarosas, mutables con rastros borrosos en su forma de operar constituye una dificultad seria a la hora de neutralizarlas y enfrentarlas, por la dificultad que deriva tratar de generar líneas tendenciales claras de sus despliegues, repliegues y acciones subterráneas (invisibles) y, por ende, lograr anticipación estratégica, debido a su rápida capacidad dispersión molecular, peor hablar de imágenes de futuro o escenarios integrales. A ello, se suman capacidades de inteligencia y contrainteligencia de los grupos criminales, sus acciones tácticas coordinadas y sincronizadas con otros mercados criminales- dispersos en distintos puntos del territorio al mismo tiempo- Esto hace pensar que en sus acciones subyace una “culturización criminal operativa” derivada de las grandes organizaciones transnacionales que buscan alfiles locales como socios y que se adapten fácilmente a las cambiantes divisiones transnacionales de los mercados criminales globales, cuyo acento está en aquellas actividades con mayor rédito. Por ejemplo, el caso de la narcominería que está consolidándose en el mercado global y proyectada en el país con mayor fuerza en el interior del territorio y en algunas áreas de frontera; casos puntuales en la Provincia de Sucumbíos y la Provincia del Azuay.
Esto obliga superar las viejas recetas analíticas sólidas para incorporar miradas más líquidas y gaseosas; el enfoque sobre lo nacional parece no ser suficiente para comprender las racionalidades globales que mueven los hilos de todos los negocios criminales; siendo todavía el narcotráfico el músculo y dinámica rectora criminal, éste se traslapa obligadamente con otros como el mercado de sicariato, servicios de protección criminal, extorsiones, por ejemplo.
La constante atomización de las estructuras criminales en fragmentaciones operativas ad hoc y en otros momentos de más largo aliento, como por ejemplo el caso de Los Choneros- se le ha considerado ya con las características de un cartel local con sus ramificaciones (Los Aguilas y Los Fatales) ha diversificado su presencia en actividades no solo de narcotráfico, sino de sicariato, secuestro, trata, blanqueo, tráfico de armas en diversos puntos del territorio y socios para el mercado de la cocaína con el Cartel de Sinaloa, la mafia albanesa y la ´Ndrangheta italiana; igualmente, en otro nivel el ejercicio delincuencial de las pandillas en zonas urbanas como la ciudad de Quito van ramificándose para garantizar control y cercamiento de territorios y poblaciones. Ante estas dinámicas habrá que preguntarse si la militarización de la seguridad ciudadana, los estados de excepción y las tareas coordinadas entre los aparatos de fuerza serán medidas suficientes para neutralizar y contener este avance atomizado de las estructuras delictivas? Y para ello no hace solo falta únicamente revisar cifras como muestra de logros empíricos, urge tener claridad estratégica de lo que es mejor para el país para asegurar la tan ansiada gobernanza en seguridad desafiando la mirada y si es posible de inicio con el uso de lentes de aumento.