Donald Trump, en su campaña por la reelección presidencial, ha prometido deportar a millones de migrantes indocumentados si vuelve al poder.
JD Vance, su compañero de fórmula, mencionó como objetivo inicial la expulsión de un millón de personas. Sin embargo, los expertos advierten sobre los múltiples obstáculos que este plan enfrenta, desde retos legales hasta el impacto humano que estas deportaciones masivas conllevarían.
De acuerdo con estimaciones, unos 11 millones de migrantes indocumentados residen en EEUU y deportarlos implicaría enormes complicaciones legales, dado que cada persona tiene derecho a un juicio antes de su expulsión.
Además, la cooperación entre las autoridades locales y las federales sería clave para ejecutar las deportaciones, algo que ya se ha demostrado difícil en varias “ciudades santuario”, donde las autoridades locales han mostrado reticencia a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El plan también enfrenta desafíos logísticos. Expertos estiman que los actuales recursos del ICE no son suficientes para realizar deportaciones masivas. Además, se necesitarían grandes inversiones en infraestructura y personal.
Aaron Reichlin-Melnick, del Concejo de Inmigración de EEUU, señala que el proceso de deportación es largo y complejo, y requeriría la construcción de nuevos centros de detención y un incremento significativo de vuelos para deportar a personas a sus países de origen.
El costo de implementar este plan también sería elevado, estimado en aproximadamente 100,000 millones de dólares, lo que incluiría tanto la ampliación del sistema judicial de inmigración como el refuerzo del personal fronterizo.
Más allá de los desafíos financieros, el plan de deportaciones masivas podría tener un costo político considerable, con imágenes de familias separadas y comunidades afectadas, lo que podría generar una reacción pública adversa similar a la que provocaron las controvertidas políticas migratorias de Trump en su mandato anterior.
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