El país atraviesa momentos difíciles, asegura Ana Belén Cordero, candidata a asambleísta por CREO, en el distrito norte de Pichincha. Las secuelas de la crisis energética, la inseguridad, el desempleo y la “factura” que está pasando el “presidente candidato” al pueblo son preocupaciones que ella enfatiza. 

En su portafolio legislativo, Cordero propone una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para endurecer las penas por cohecho, incluyendo la cadena perpetua para jueces que liberen a delincuentes.  

“Fiscalizar es mi fuerte”, afirma Cordero, quien destaca su labor en la Comisión de Fiscalización durante el periodo legislativo anterior, donde se desempeñó como vicepresidenta junto al fallecido Fernando Villavicencio. “Sustanciamos 14 juicios políticos, entre ellos el de la Universidad Yachay, el elefante blanco de una época nefasta”. 

El Ejecutivo, “en medio de la oscuridad, ha puesto a concursar a canales de televisión y radio por las frecuencias en plena campaña electoral. El mensaje es claro: O te alineas o te alineo. Así o más claro”. 

Ineptitud e inexperiencia pasan factura 

Según Cordero, la situación actual del “presidente candidato” está perjudicando al pueblo ecuatoriano. “Lo estamos viviendo con la crisis energética: un día anuncian cortes eléctricos de 10 a 12 horas supuestamente para proteger los niveles de los embalses en las hidroeléctricas, pero si hay un partido de fútbol, deciden no cortar el suministro”.  

“¿Qué es esto? Sin duda, son cálculos electorales”, añade. “Le quitamos la electricidad a los industriales, pero no a las casas, cuando son las empresas las que generan empleo y valor agregado”. 

Cordero también criticó la decisión del gobierno de suspender el cobro de las planillas eléctricas durante la campaña electoral, lo que considera una maniobra del “presidente candidato”. 

Asimismo, reprochó que se critique al régimen anterior de Guillermo Lasso, cuando, según ella, se dejaron firmados nueve contratos para la generación y autogeneración privada de más de 700 MW. Mencionó, además, el juicio político a la exministra Andrea Arrobo, acusada por el propio gobierno de sabotaje. 

Qué hicieron con los nueve contratos

La pregunta, dijo, es: “¿Qué hizo la exministra con esos nueve contratos durante su gestión?” Explicó que dichos contratos requerían ciertos actos administrativos del Ministerio de Energía, pero no fue sino hasta junio de este año que el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, estableció topes para esos contratos de inversión. “Inés Manzano, ministra encargada de Energía, tendrá que esperar hasta enero o febrero para firmarlos”. 

Cordero también denunció que las licencias ambientales se están entregando con un retraso de hasta once meses, aunque señaló que en el caso de Eco Olón, un proyecto vinculado al Presidente de la República, el trámite fue sorprendentemente rápido, obteniendo la licencia en solo cinco días. 

La candidata mencionó que si bien es cierto se han agudizado los problemas de los ecuatorianos no descarta que vengan mejores épocas de cara a las elecciones de febrero del próximo año.