La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional calificó por unanimidad la solicitud de juicio político en contra de Andrea Arrobo, exministra de Energía y Minas. Esta acción fue propuesta por los asambleístas Ana Galarza, Jaime Moreno y Vicente Taiano, quienes la acusan de incumplimiento de funciones durante la crisis energética que enfrenta el país, que ha llevado a la implementación de racionamientos de energía a nivel nacional.

Con esta calificación, la secretaría de la Comisión notificará a Arrobo para que, en un plazo de 15 días, presente su respuesta a las acusaciones y las pruebas que considere pertinentes. De igual forma, se dará el mismo plazo a los asambleístas proponentes para que presenten las evidencias que respalden sus afirmaciones, conforme al artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

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Según la normativa, con o sin la contestación de la exfuncionaria, se establecerá un período adicional de diez días para la actuación de las pruebas, que serán costeadas por el solicitante. La Comisión de Fiscalización también puede solicitar pruebas de oficio, si así lo decide la mayoría de sus miembros.

La mesa legislativa de Fiscalización verificó que la solicitud de juicio cumpliera con los requisitos establecidos en la Constitución y la LOFL, incluyendo el respaldo de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional y la presentación de pruebas documentales en ese momento.

Los asambleístas proponentes argumentan que el incumplimiento de funciones de Arrobo se evidencia en la aplicación de apagones y racionamientos de energía, a pesar de las alertas sobre la crítica situación del abastecimiento energético. Según ellos, la exministra no tomó las medidas necesarias para mitigar o resolver la problemática del sector eléctrico.