“El aumento de asesinatos y las acciones de grupos delictivos en Quito son alarmantes,” alertó Patricio Haro, experto en seguridad, al referirse a la reciente declaratoria de estado de excepción en la capital. A su criterio, los incendios forestales fueron provocados para distraer a las fuerzas del orden en su lucha contra el crimen organizado.

La violencia inusitada que azota la ciudad, junto con los incendios provocados, ha desatado una crisis sin precedentes. “Estos eventos son señales claras de que el crimen organizado ha fijado a Quito como un blanco estratégico,” afirmó el exrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

Haro destacó que “Quito se ha convertido en un mercado crucial para el crimen organizado, un lugar donde buscan convertir su oferta de cocaína en dinero en efectivo.” Esta declaración plantea inquietantes interrogantes sobre la seguridad de los ciudadanos y el futuro de la capital ecuatoriana.

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En respuesta a esta crisis, el presidente Daniel Noboa renovó el estado de excepción el 3 de octubre de 2024, a través del Decreto Ejecutivo 410, que también se aplica en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay.

“Es necesario cuidar la capital de procesos desestabilizadores,” subrayó el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, quien teme que la situación se descontrole.

“Ya lo hicieron con incendios forestales, necesitamos proteger a Quito,” advirtió Wong, reflejando la creciente preocupación ante la infiltración del crimen en la política. Haro hizo hincapié en que “hay una intención del crimen organizado de infiltrarse en organizaciones políticas para capturar el poder y conformar un narcoestado”.