La Fiscalía ha convocado al expresidente Rafael Correa para la próxima semana, para que rinda declaración en relación con la denuncia de “traición a la patria” presentada en su contra por la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, a título personal.
El origen de la denuncia radica en la campaña que Correa llevó a cabo en medios internacionales, en la que solicitó sanciones contra Ecuador. Esta acción fue en respuesta a la operación policial de abril pasado, en la que se arrestó al exvicepresidente Jorge Glas dentro de la embajada de México en Quito. Entre las propuestas de Correa, se incluyó el bloqueo del puerto de Guayaquil, con el objetivo de generar un impacto económico que presionara para la liberación de Glas.
En declaraciones a “Punto de Orden”, la ministra Núñez confirmó que ya se ha presentado la documentación pertinente que incluye las declaraciones y amenazas del exmandatario, asegurando que estas configuraban el delito de “traición a la patria”.
Por otro lado, Núñez también informó sobre el avance del sumario administrativo en curso contra la vicepresidenta Verónica Abad, relacionado con el retraso injustificado de su llegada a Turquía. Abad, quien fue nombrada embajadora por la paz en Medio Oriente, debía presentarse en Ankara el 1 de septiembre, pero arribó el 9 de ese mes sin justificación alguna.
Rafael Correa y Jorge Glas, así como sus familias, impedidos de ingresar a los EE. UU.
Núñez subrayó que Abad, como servidora pública, está sujeta a las responsabilidades legales correspondientes, aunque aclaró que no es posible destituirla mediante este sumario, ya que la Constitución establece procedimientos específicos para ello. No obstante, mencionó que otras sanciones podrían aplicarse.
En otro ámbito, la ministra destacó los avances en las mesas técnicas de diálogo con empresarios y trabajadores, que buscan enfrentar la crisis generada por los cortes eléctricos. Se está analizando la posibilidad de que las industrias afectadas que no puedan operar a jornada completa, compensen las horas no trabajadas con vacaciones, siempre que exista el consentimiento de los empleados.
Además, Núñez aclaró que no se puede exigir a los trabajadores laborar fines de semana sin recibir el pago extraordinario correspondiente, ni despedirlos sin la debida indemnización, conforme lo ha dictaminado la Corte Constitucional.
Las mesas técnicas se mantendrán de forma permanente para encontrar soluciones que beneficien a todas las partes afectadas.
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