Estados Unidos anunció sanciones contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y el exvicepresidente Jorge Glas, prohibiéndoles el ingreso a su territorio. La medida, que también afecta a sus familiares directos, fue motivada por la participación de ambos en actos de corrupción durante sus mandatos, según informó el Departamento de Estado norteamericano.

El internacionalista Esteban Santos, explicó que la sanción no es un caso aislado y se enmarca en la Ley Magnitsky, adoptada en 2012 para sancionar a quienes cometen violaciones de derechos humanos o actos de corrupción probados.

Santos señaló que esta medida no solo tiene un efecto simbólico, sino que podría influir en futuras decisiones de organismos internacionales como Interpol y países que han otorgado asilo a Correa, como Bélgica.

“La decisión de Estados Unidos envía un mensaje claro sobre su postura frente a la corrupción y la impunidad”, sostuvo, destacando que la sanción incluye a los familiares más cercanos de ambos políticos, una estrategia que se ha replicado en casos similares, como en Venezuela y Nicaragua.

Rafael Correa y Jorge Glas, así como sus familias, impedidos de ingresar a los EEUU

Según el experto, esta decisión podría incidir en el criterio de Interpol, que en el pasado ha rechazado pedidos de alerta roja contra Correa, y en la revisión del estatus de asilo otorgado por Bélgica.

El internacionalista también subrayó la importancia de esta acción en el contexto electoral ecuatoriano y regional. “Que sea Estados Unidos quien destape estos casos es un reflejo de la falta de capacidad interna para hacer frente a estos actos de corrupción. Sin embargo, con esta sanción, la administración norteamericana marca un precedente fuerte contra quienes abusan de su poder para enriquecerse a costa del pueblo”, afirmó.

Además, recalcó que el impacto de la medida no se limita a la prohibición de entrada a EE.UU., sino que podría abrir la puerta a investigaciones y acciones legales en otros países.

“No estamos hablando de una sanción aislada, esto podría derivar en un seguimiento judicial en otras jurisdicciones”, comentó, sugiriendo que esta sanción podría motivar un cambio en la postura de otros países que han acogido a los sancionados.