Este martes 8 de octubre de 2024, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se realizó la audiencia oral de pruebas y alegatos por la denuncia por supuesta violencia política de género que interpuso la asambleísta Lucía Jaramillo en contra de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil.

La audiencia tuvo una duración de casi tres horas, en las que se expusieron publicaciones realizadas por Alvarez en la red social X, en las que calificaba a Jaramillo como “niña vaga”, luego de que la legisladora de la bancada de Acuerdo Democrático Nacional (ADN) anunciara la creación de un frente parlamentario para luchar contra el tráfico de combustibles. 

La legisladora había asegurado que Alvarez mantendría presuntos vínculos con la empresa Copedesa, una comercializadora de hidrocarburos investigada por la Fiscalía General del Estado por supuestas  irregularidades en la venta y despacho de combustible. 

Por su parte, la defensa de Alvarez -quien no estuvo presente en la audiencia- indicó que el burgomaestre no había señalado a Jaramillo, sino a un grupo de asambleístas con modismos propios de la cultura nacional.  

Jaramillo respondió que el alcalde de Guayaquil debería “predicar con ejemplo” y en lugar de ello pretende “normalizar los insultos” contra las mujeres.

“¡NO más violencia hacia las mujeres que hacemos política en el Ecuador! Concluyó la Audiencia de pruebas y alegatos en el TCE sobre la denuncia que presenté al Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por los insultos recibidos por cumplir mi rol de fiscalización. ¡Espero que la justicia actúe con firmeza!”, indicó posteriormente, en su cuenta de X. 

La sanción por violencia política de género se encuentra contemplada en el Código de la Democracia, como una infracción electoral muy grave. Esta es sancionada con una multa de 21 hasta 70 salarios básicos unificados (USD 32. 200), destitución o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.