Rosa Argudo, secretaria nacional del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ha iniciado una acción legal tras su despido del Hospital José Carrasco Arteaga en Cuenca. La medida fue presentada bajo la causal de “Despido ineficaz”, según indicó su defensa.

El 28 de septiembre de 2024, Argudo fue notificada de su desvinculación tras 36 años de servicio como enfermera en el IESS. La noticia generó controversia y ha sido respaldada por los cinco asambleístas de Azuay que siguen de cerca el caso, quienes consideran que la exfuncionaria debió ser apartada bajo la figura de “visto bueno” y no mediante un despido directo.

La asambleísta Sofía Sánchez, del Partido Social Cristiano, confirmó a El Telégrafo que la medida aún está en proceso de resolución judicial. La defensa de Argudo alega que la decisión de apartarla del cargo no está amparada en el marco legal y que la acción va en contra del representante provincial del IESS en Azuay, Esteban Villa, y del gerente del hospital, Fernando León.

En reuniones previas con el sindicato, Rosa Argudo se mostró desafiante frente a su despido. “El hacerme un despido intempestivo hasta me beneficia (…) si fuera por dinero, dijera bueno ya”, expresó ante los miembros del gremio en una asamblea virtual.

El despido de Rosa Argudo se produce en medio de una investigación que involucra presuntas irregularidades en el entorno de la exfuncionaria y la Confederación Ecuatoriana de Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social (Cetoss). El 20 de agosto de 2024, cinco asambleístas de Azuay presentaron un informe preliminar con hallazgos que incluyen acusaciones de nepotismo y tráfico de influencias en el círculo cercano a la sindicalista.

El documento, que será entregado a la Fiscalía General, detalla irregularidades como supuestas capacitaciones para ascensos con pagos realizados a cuentas personales, compraventa de un hotel en Cuenca dentro del entorno familiar de Argudo y convenios con empresas para presuntamente evadir procesos de contratación pública. Además, se señala un incremento patrimonial de la sindicalista y la presencia de más familiares y dirigentes sindicales trabajando en el IESS.

Los asambleístas de Azuay advierten que el despido de Argudo podría representar una elevada indemnización para el IESS si se resuelve a su favor. A la espera del fallo judicial, el caso sigue sumando interés por las implicaciones políticas y económicas que podría generar en la institución de seguridad social.