El expresidente de Bolivia, Evo Morales, negó este viernes las acusaciones de abuso de menores que la Fiscalía boliviana ha reactivado en su contra. Durante una conferencia de prensa realizada en el Chapare, bastión político del exmandatario, Morales calificó la denuncia como un ataque político. “Todo es falso. El caso está cerrado. Lo están manejando políticamente para desgastar la imagen de Evo”, aseguró, arremetiendo contra el gobierno de su exaliado y actual presidente, Luis Arce.

La denuncia señala que en 2016 Morales habría tenido una hija con una adolescente de 15 años, una acusación que surgió tras su salida del poder en noviembre de 2019. Morales recordó que este caso fue investigado en su momento y que se demostró que no tenía sustento legal: “Me procesaron e investigaron. Y se demostró que era falso”, dijo, citando una resolución fiscal emitida en Yacuiba que rechazó la acusación.

El exmandatario acusó al Gobierno de Arce de tratar de detenerlo recientemente. “Quisieron sacarme del Chapare en un helicóptero”, denunció, señalando con nombre a los policías supuestamente involucrados. Sin embargo, felicitó a la jueza Lilian Moreno, quien canceló la orden de aprehensión, argumentando que la denuncia de hace cinco años no constituía un delito flagrante y que no se notificó a Morales de la reactivación del caso.

Morales considera que esta persecución judicial se debe a su popularidad, la cual, según él, sigue siendo alta de cara a las elecciones de 2025. Mostró encuestas donde figura como el principal candidato, mientras que el presidente Arce se encuentra con bajos números en intención de voto. Morales sostiene que el cerco judicial busca detener su avance político: “Qué campaña tan sucia, tan mentirosa. Todos contra Evo. La derecha también apoya a Lucho Arce contra Evo”, afirmó.

El Grupo de Puebla, que promueve el diálogo progresista en América Latina, también se ha pronunciado en apoyo al exmandatario, calificando el proceso judicial en su contra como parte de una campaña de lawfare para deslegitimarlo políticamente.

Actualmente, el caso está siendo evaluado por el Tribunal Constitucional, mientras Morales enfrenta otros tres procesos legales, lo que aumenta la tensión política en Bolivia y evidencia la fractura dentro del Movimiento al Socialismo (MAS).