La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió ayer a los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, proponentes del juicio político, y a la ministra del Interior, Mónica Palencia, quienes presentaron los argumentos de cargo y descargo, en ese orden, sobre el presunto incumplimiento de funciones de la Secretaría de Estado. Entre las acusaciones se incluyen la incursión armada en la Embajada de México y la falta de acciones para contrarrestar la violencia, entre otras causales. 

Concluida esta fase, a partir del sábado 5 de octubre, comienza a correr el plazo de cinco días para que la mesa legislativa emita el informe motivado, en el cual podrá recomendar a la Asamblea la realización del juicio político o su archivo, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

Ayer, el asambleísta Leonardo Berrezueta subrayó que la incursión en la Embajada de México irrespetó la Constitución de la República y los convenios internacionales, lo que constituyó un acto vergonzoso para el país, que hoy enfrenta un proceso ante el Tribunal Penal Internacional por la flagrante violación del derecho internacional. 

Aseguró que todas las pruebas aportadas al proceso demuestran el incumplimiento de funciones, no solo por lo ocurrido en la Embajada de México, sino también por la falta de certezas sobre el Plan Fénix, cuyo contenido fue declarado secreto. 

Paola Cabezas insistió en que existe un incumplimiento de funciones por parte de la ministra Palencia en la lucha contra la violencia y la inseguridad. Afirmó que las cifras presentadas por la funcionaria son falsas, ya que los homicidios aumentan diariamente, y que las imágenes difundidas por el Ministerio son solo actos para TikTok y redes sociales. 

Por su parte, Mónica Palencia, ministra del Interior, defendió que todas las acciones del Gobierno están amparadas en la Constitución, la ley y los instrumentos internacionales, al justificar el operativo realizado para la captura de Jorge Glas, quien fue sentenciado por delitos comunes y no tenía la condición de perseguido político. Este acto ha sido calificado por expertos internacionales como legal, legítimo y no arbitrario.