Estamos por entrar en un proceso electoral para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos en Ecuador. Los candidatos presentarán sus propuestas para solucionar los principales problemas de nuestro país, uno de ellos es el de seguridad.  Los planes de gobierno de ellos en esta materia deben ser estructuradas, integrales y ejecutables, porque la gran preocupación de los ecuatorianos sigue siendo la seguridad, según las encuestas. Pero, hasta el momento, no se aborda este tema con una estrategia cohesionada e integral, sino con actividades reactivas, mientras el fenómeno de la inseguridad muta o se fortalece. 

Si hacemos memoria, la manera como se ha tratado el tema de seguridad en diferentes gobiernos tiene una serie de contrastes que explican la situación de crisis que tenemos. No hay una instancia superior de decisión política y ni un plan de seguridad integral, como tampoco un ente que lo gestione, sino un Estado policial y militar con un sinfín de decretos de estados de excepción a los que nos acostumbramos.  

En la Ley de Seguridad Pública y del Estado (LSPE), se determinó un Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), cuya secretaria y funciones eran de responsabilidad del Ministerio Coordinador de Seguridad. Pero el entonces presidente Lenín Moreno, como una política de austeridad y reducción del aparato estatal, lo eliminó junto con el ministerio de Justicia, que regentaba la gestión de rehabilitación social. Esas decisiones dejaron flotando a la Secretaría de Inteligencia a la Dirección de Movilización y la SENAIN pasó a ser una secretaría adscrita a la Presidencia, por lo que se desarticuló el sistema de seguridad del Estado.  

En el gobierno de Guillermo Lasso se creó una Secretaría de Seguridad, pero no se le dio un rango ministerial, por lo que solo sirvió para asesorar y coordinar, no tuvo resultados positivos. De igual forma, el Ministerio del Interior, que ha pasado de ser una subsecretaría del Ministerio de Gobierno, a un Ministerio en los actuales momentos, para la gestión policial, pero todavía está en construcción de procesos. 

Como podemos analizar, no hemos logrado establecer un verdadero Sistema de Seguridad Pública, que abarque la seguridad de manera integral en los campos de seguridad del medio ambiente, seguridad humana y seguridad del Estado, en esa prioridad. Las propuestas de los candidatos deben ir en función de la creación de un ente ministerial que incluya a todo el sistema de seguridad integral del Estado, estableciendo la Estrategia de Seguridad Nacional, definiendo las misiones de Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, una entidad de Inteligencia Nacional, a los ministerios del Ambiente, de Salud, de Inclusión Económica y Social, todos como parte de un Sistema de Seguridad Integral, que enfrente los desafíos en esta materia, con una solución a mediano y largo plazo y con una gestión del Estado eficiente. 

El actual gobierno todavía no dispone de una estrategia que le permita ser más efectivo, esto es entendible por el tiempo que lleva su gestión, la falta de presupuestos, la poca experiencia de los funcionarios y la ausencia de una planificación que incluya los aspectos de la seguridad integral. Por eso, es importante que las propuestas políticas para los años venideros estén dirigidas a una reestructuración del sistema de seguridad del Estado, redefiniendo, por ejemplo, los roles y misiones de FF.AA.,  quizá como una fuerza multimisión, un sistema de inteligencia integrado, una Policía Nacional operativa, ministerios integrados mediante la Estrategia de Seguridad Nacional,  regentada por un ente Superior que cohesione las políticas de seguridad, políticas sociales, el cuidado del medio ambiente y de derechos humanos. 

Todo esto son las claves para enfrentar a las amenazas del Estado, como es el crimen organizado y sus actividades conexas; tráfico de armas; sicariatos; narcotráfico; delincuencia; contrabando; delitos contra las personas; el medio ambiente; que mantienen actualmente en zozobra a la población y que con el tiempo van tomando otras dimensiones, y que, cada vez requieren de mayores esfuerzo y recursos del Estado, para neutralizarlos. De allí, la importancia de una reestructuración del sistema de seguridad en el Ecuador y su urgencia.