En el año 2008 los ilustres de asambleístas con honrosas excepciones que redactaron la Constitución vigente de Montecristi seguramente pensaron que no era necesario realizar ingentes inversiones para su producción, que brotaba donde se hacía un hoyo y sus reservas eran inagotables además que el precio siempre iría escalando dado que su producción y exportación generaba un 13, 6% del PIB. Como parte del mismo craso error impusieron precios políticos en el sector eléctrico al no incluir los costos de desarrollo e inversión CAPEX incluyendo sus costos financieros en el cálculo de las tarifas eléctricas, donde además tampoco se tomó en cuenta los subsidios cruzados para la generación con hidrocarburos.

Todo esto ha venido mermando la liquidez y la falta de recursos en el sector eléctrico generando altos costos sin beneficio de inventario que nos han traído a la presente situación (nada nuevo) de apagones, pero además sin la liquidez necesaria y con barreras casi infranqueables en el logro de las urgentes y necesarias nuevas inversiones tanto en generación, transmisión y distribución como ya ha sido mencionado.

Si los sectores agroindustriales para la alimentación, el sector de la salud y el de la educación, posiblemente, los más estratégicos para el ser humano, funcionan más o menos bien con la participación del sector público y privado, no hay razón para que otros sectores no funcionen de igual manera.

En esta semana el gobierno menciona un proyecto de ley orgánica para impulsar iniciativas privadas en la transición a energías renovables en cuya exposición de motivos realiza un análisis de la situación y comparación con lo que sucede en Latinoamérica donde vemos que hay una gran brecha que requiere 5771000 millones de dólares según el BID para cerrarla; pero que el Ecuador prácticamente está fuera de ese mercado energético. Allí reconoce que la inversión privada en el sector eléctrico del Ecuador es crucial y para ello hay que cambiar las reglas de juego. Como lo menciona el economista Spurrier en un artículo que habla sobre las tarifas, que estas no se reajustarán hasta que venga un siguiente gobierno, pero que la situación actual es inoperable e insostenible.

La competencia en la generación es el mejor mecanismo para lograr precios de energía razonables; para ello debe existir un mercado en que se pueda tranzar la energía generada y la consumida. En este nuevo escenario, tanto los generadores privados como públicos podrán competir solo si las reglas son claras y las condiciones sean semejantes, sin preferencias para ninguno. Por otro lado, el Estado también tendría la opción de vender participación   de las empresas públicas y ponerlas bajo administración privada. Este sucedido en los países vecinos como lo han hecho Colombia, Chile y Brasil con excelentes resultados. Vemos que tienen mayor disponibilidad de energía y transmisión que nuestro mercado cerrado. Un buen ejemplo es: Empresas Públicas de Medellín e ISA que ya han expandido sus operaciones a varios países.

Para esto no puede haber subsidios ni preferencias algunas para que el mercado sea equitativo. Los costos de producción-generación deben ser transparentes, incluyendo costos y beneficios ambientales. En este mercado competitivo, tanto las energías renovables como las de hidrocarburos, biomasa, geotermia e incluso posible nuclear y marea motriz pueden ser considerados.

El CENACE que es el ente que regula el despacho de la energía y encargado de introducirla al mercado con criterios de mínimo costo debe también considerar los costos de capital y de operación incluyendo mantenimiento y combustible +1 rentabilidad adecuada, y en esa línea publicar todas las transacciones (energía despachada y valores facturados) en forma horaria de todos los generadores para conocimiento público.

Para que funcione de un modo transparente este mercado deben existir los vendedores así como los compradores, estos últimos son principalmente las empresas distribuidoras (que luego revenden la energía al usuario final) Y los grandes consumidores que pueden comprar directamente a los generadores tanto en contratos a largo plazo como mercado spot.

El CENACE establece el precio de mercado como el valor ponderado de los precios individuales entregados por los generadores en periodos cuantificables, sean de 15, 30 minutos o una hora y colocados inmediatamente en línea como información pública. Así operan los mercados abiertos en la gran mayoría de países.

Las empresas eléctricas, tanto de generación, transmisión y distribución públicas, deberían tener balances actualizados y debidamente auditados tanto para conocimiento de sus gobernantes y mandatarios como del público. Esto también para todas las otras empresas EP del país, lo que ahora no se da incluso cuando la ley obliga en la rendición de cuentas. Si todas las empresas privadas tanto anónimas-S.A. o CA. o compañías limitadas están obligadas no solo la declaración al SRI sino también a la Superintendencia de Compañías y si superan cierto volumen en el giro de su negocio también debe ser auditadas por empresas auditoras abalizadas por la superintendencia correspondiente. Igual pasa con entidades sin fines de lucro que deben realizar las declaraciones correspondientes.

¿Por qué el sector público, que según reza la Constitución, debe ser transparente y con la lógica de que pertenece a todos los que vivimos en el territorio ecuatoriano, no se lo cumple apropiadamente? Un decreto presidencial podría solucionar esto exigiendo y obligándoles que cumplan en el cierre del ejercicio 2024 y en adelante.

Dado los vertiginosos cambios que se vienen en la transformación energética y para el cumplimiento de los compromisos internacionales el plan maestro de electricidad debería estar publicado en línea y actualizado mensualmente en cuanto al cálculo de la demanda actual y estimación a futuro dentro de los múltiples escenarios posibles; así como información sobre la oferta de energía e indicación tentativa de las fechas de entrada en servicios de las plantas sean estas con financiación pública o privada.