El 26 de agosto el Alcalde de Quito, Pabel Muñoz, fue notificado por el CNE del pedido de revocatoria interpuesto por iniciativa del ciudadano Néstor Marroquín, basado en el derecho que faculta a los electores a pedir la revocatoria al mandato de las autoridades de elección popular, según estipula el artículo 199 del Código de la Democracia.
Esta acción se basa en el incumplimiento del burgomaestre quiteño del artículo 219, el cual prohíbe expresamente a los servidores públicos a promocionar sus nombres o de sus organizaciones políticas. La solicitud tuvo su base en spots publicitarios donde se veía a Muñoz realizando campaña por la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González.
El pedido de revocatoria responde, no solamente al incumplimiento de la ley que, per ser, es un motivo más que suficiente para pedirla, sino que es la gota que derramó el vaso de las constantes inacciones del Alcalde frente a las necesidades de la capital.
El descuido de las calles y los sitios públicos, el mal manejo del metro, la falta de mantenimiento a las quebradas, canales y alcantarillado, el exceso de gasto, como la compra de nuevos vehículos para sí mismo y los concejales, cámaras de seguridad en los sitios donde viven las autoridades; todo esto ha sido subestimado por Muñoz, pero eso sí, tiene tiempo suficiente para hacer campaña por su coidearia.
Dirán entonces por qué la revocatoria no se la pidió por incumplimiento de funciones; porque sería fácil de aludir, para Muñoz, que él fue electo para cuatro años y que todavía tiene tiempo de cumplir su plan. Cabe indicar que, en la última reunión del Consejo Municipal, un concejal de su misma lista, Wilson Merino, le increpó al Alcalde por la falta de cumplimiento en sus promesas electorales y le espetó que la aceptación del Alcalde ha caído en un 20%. Vale recordar que Muñoz fue elegido con un 25.28%; es decir que, con el bajón mencionado por Merino, sus niveles de aceptación estarían prácticamente por los suelos.
La revocatoria es un proceso largo y por ahora el CNE se niega a entregar los formularios para la recolección de firmas. Una vez más, el CNE asume una actitud dirimente sobre la democracia al impedir que el electorado ejerza su legítimo derecho a revocar una autoridad.