El coordinador de Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela, denunció la falta de acciones concretas para proteger a los usuarios que sufren interrupciones de servicios eléctricos y de telecomunicaciones en Ecuador.

En entrevista para Ecuavisa, destacó que las empresas proveedoras de estos servicios deben garantizar los derechos de los consumidores, especialmente en situaciones de fuerza mayor como la crisis energética que afecta al país.

Varela explicó que las compañías se amparan en la figura de “fuerza mayor” para evitar sanciones y justificar la falta de conectividad y los daños en electrodomésticos. Sin embargo, afirmó que estas entidades deberían buscar alternativas para compensar a los usuarios y no trasladarles la carga económica.

“Las telecomunicaciones y la energía eléctrica son servicios estratégicos y, como tales, las empresas tienen la obligación de asegurar su continuidad”, enfatizó.

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El funcionario recordó que la Defensoría del Pueblo ya había exhortado a la Agencia de Regulación y Control (ARCOTEL) a emitir directrices en abril de este año para resolver las intermitencias en los servicios, sin recibir respuestas satisfactorias.

Añadió que, aunque las empresas de telecomunicaciones han implementado fuentes alternativas de energía en algunas antenas, estas no son suficientes para garantizar la conectividad durante los extensos cortes de luz programados.

Además, Varela indicó que en 2023 la Defensoría intervino para que la Agencia de Regulación y Control de Electricidad estableciera un reglamento que obligue a las empresas eléctricas a reparar o compensar los daños causados por cortes intempestivos. Sin embargo, subrayó que la normativa es insuficiente si las compañías no cumplen con las resoluciones y las pólizas de responsabilidad civil.

“Los usuarios tienen derecho a reclamar directamente ante las empresas por los daños sufridos en sus equipos o por la falta de servicio. Sin embargo, la realidad es que el proceso es burocrático y las respuestas no siempre son favorables”, concluyó Varela. La Defensoría del Pueblo se comprometió a seguir presionando a las autoridades regulatorias y las empresas para establecer mesas técnicas y asegurar una reparación efectiva a los afectados.