En días recientes, el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, emitió el Decreto Ejecutivo No. 407, mediante el cual dispone trasladar la sede de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC E.P.) de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a la capital. Esta decisión, adoptada por el Ejecutivo, ha generado críticas de diversos sectores, principalmente de los municipios del Austro, de la academia, de sectores profesionales y de la ciudadanía en general. Estos advierten que dicha acción compromete seriamente los principios de descentralización y desconcentración, pilares fundamentales de nuestra Constitución. Además, tendrá un impacto en la funcionalidad de CELEC E.P. y, seguramente, limitará la atención a las necesidades básicas de la población ecuatoriana, especialmente en lo que respecta al servicio de energía eléctrica.
La región del Austro ecuatoriano juega un rol fundamental como sede de CELEC E.P. Por ello, la decisión del gobierno de trasladar esta sede a Quito constituye un retroceso considerable en el avance hacia una verdadera equidad territorial y una descentralización efectiva. Es evidente que la decisión del presidente Noboa no se fundamenta en criterios técnicos; el decreto presidencial no los justifica en lo absoluto.
La descentralización es un instrumento generador de desarrollo regional y constituye una herramienta que posibilita la prestación de servicios con equidad, disponibilidad y calidad, permitiendo transformaciones reales y tangibles para las distintas regiones del país. Por su parte, el centralismo limita la autonomía y el desarrollo de las regiones, generando dependencia de la autoridad central.
Adicionalmente, preocupa que estas decisiones se tomen en época de campaña electoral, ya que es un hecho que tener un candidato-presidente no siempre es lo mejor para la salud de nuestro sistema democrático.
En definitiva, este traslado no solo representa una amenaza para el equilibrio territorial y la descentralización, sino que también refleja un patrón preocupante de toma de decisiones desde el poder central. Para construir un país verdaderamente equitativo, es esencial que el ejecutivo respete y fortalezca los principios constitucionales de descentralización y autonomía. Solo así se podrá garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible en todas las regiones del Ecuador.