Los recientes incendios forestales, especialmente el que azotó a Quito y consumió más de 193 hectáreas, nos han dejado una cicatriz imborrable. Este evento, catalogado como el peor en 30 años, es un claro llamado de atención sobre la fragilidad de nuestros ecosistemas y la urgencia de actuar.
Más de dos mil bomberos trabajaron arduamente durante cuatro días para controlar las llamas, demostrando el esfuerzo colectivo y ciudadano ante esta crisis. Sin embargo, las cifras son alarmantes: a nivel nacional, se han registrado más de 39 mil hectáreas quemadas en lo que va del año.
Estos datos no hacen más que subrayar la magnitud del problema y la necesidad de soluciones estructurales.
La ley forestal existe, pero ¿qué tan efectiva es en la práctica? ¿Quién se encarga de velar por su cumplimiento?
Las preguntas quedan en el aire, mientras los incendios devoran nuestros bosques. ¿Se castigará a los responsables? ¿O las investigaciones se perderán en la burocracia?
La realidad es que la política pública ha fallado en prevenir estos desastres. La reactividad crónica es una muestra clara de la falta de visión y compromiso de nuestras autoridades
Las causas de estos incendios son múltiples y complejas. La sequía, las altas temperaturas y la falta de vegetación nativa han creado las condiciones ideales para la propagación del fuego. A esto se suma la acción humana, desde actos de piromanía hasta prácticas agrícolas inadecuadas.
La evidencia sugiere que políticas públicas que priorizaron intereses económicos a corto plazo, como la sustitución de bosques nativos por plantaciones forestales, han contribuido a esta situación.
La ciudadanía clama por medidas concretas y es fundamental reconocer que la prevención de incendios forestales es una tarea que requiere un enfoque integral y a largo plazo. Expertos aseveran que debemos invertir en:
Educación ambiental: Concientizar a la población sobre la importancia de los bosques y las consecuencias de sus acciones.
Sistemas de monitoreo y alerta temprana: Detectar y responder a los incendios de manera oportuna con tecnología de punta.
Prácticas agrícolas sostenibles: Reducir la deforestación y restaurar los ecosistemas degradados.
Coordinación interinstitucional: Garantizar planes de prevención y acciones de respuesta eficaz ante emergencias.
La restauración de los ecosistemas dañados será un proceso gradual y complejo que tomará, mínimo, seis meses. Sin embargo, es una oportunidad para reconstruir un futuro más sostenible.
El tiempo se agota. Nuestros bosques están en peligro. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Es hora de unir fuerzas y exigir a nuestras autoridades un plan de acción integral para prevenir y combatir los incendios forestales. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia.
Karina:
Es un excelente artículo de opinión que contiene varias ideas para aprovechar , por quienes conducen la administración del Estado, principalmente del Distrito Metropolitano. Hubo clara evidencia que, hay ciertos funcionarios muy mal preparadas para realizar su trabajo profesional.
Lo central es, como tu dices, la educación ambiental, la misma que debe estar enmarcada en un Plan Nacional de Desarrollo Cultural: ahí se halla la falla principal que debemos superar a nivel general. Felicitaciones por tu importante contribución.
Patricio Zuquilanda Duque