La presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, María Paz Jervis, alertó que, como resultado de la crisis energética en Ecuador, cada ciudadano contará con 175 dólares menos para cubrir sus necesidades básicas este año. La situación no solo afecta a los hogares, sino que ha impactado severamente al sector productivo, que se ha visto forzado a utilizar plantas de autogeneración para mantener sus operaciones.

Durante una entrevista en Teleamazonas, Jervis detalló que, pese a los esfuerzos del sector privado, solo se han logrado generar 150 megavatios en el mejor de los casos, un aporte insuficiente para compensar la falta de energía.

La presidenta del gremio reconoció que el proyecto de Ley de Competitividad Energética, presentado por el gobierno de Daniel Noboa, es un paso positivo, pero aún genera inquietudes sobre los límites impuestos a la participación de empresas privadas en la generación eléctrica.

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“El Estado ha sido incapaz de garantizar la energía”

Jervis fue enfática al señalar la incapacidad del Estado para garantizar un suministro adecuado de energía. “Estamos viendo que en momentos de crisis es al sector privado a quien se mira para que salve”, subrayó, añadiendo que no debería existir un techo en la capacidad de generación eléctrica que puedan construir las empresas. Considera que la actual crisis refleja la necesidad de cambiar el modelo estatista que limita la participación privada.

Según las estimaciones del Comité Empresarial, las pérdidas para el sector productivo ascienden a unos 12 millones de dólares por cada hora de apagón. Esta situación, advirtió Jervis, puede llevar a un agravamiento de las desigualdades sociales en el país, ya que para las personas con menos recursos, la reducción de 175 dólares en su presupuesto puede significar “la diferencia entre la vida y la muerte”.

A su criterio, la Ley de Competitividad Energética debería ser aprobada por la Asamblea como el primer paso hacia una solución de fondo. “El Estado es incapaz de darnos los servicios básicos”, sentenció, e instó a revisar el modelo de generación eléctrica en el país para permitir una mayor apertura y autonomía del sector privado.