La locura se ha apoderado del país. El presidente quiere destituir a la vicepresidente; las ministras de Relaciones Exteriores y de Trabajo pretenden declararla inhábil para cumplir funciones públicas por faltas de disciplina; El Tribunal Contencioso Electoral estudia la posibilidad de sancionarla por haber hecho campaña anticipada en una campaña para alcalde.

La vicepresidente quiere destituir al presidente por violencia política de género; pero una asesora presidencial ha denunciado a la vicepresidente por la misma causal. Si los jueces aceptaran el pedido en ambos casos, el nuevo presidente sería el presidente de la Asamblea, pero este va a renunciar para aspirar a la presidencia.

La locura sigue. Parece que alguien organiza una pandilla de pirómanos para incendiar el país. El gobierno ha descubierto que los problemas nacionales pueden resolverse con dos reformas constitucionales, una que permita instalar bases militares extranjeras en el país y otra que les niegue a los políticos dinero público para la campaña electoral.

La locura ha trasladado la solución de los problemas políticos a los tribunales; de los jueces depende casi todo el país, incluso las autoridades electorales. La elección de nuevos vocales del Consejo Electoral está en manos de funcionarios del Cpccs ya sancionados en primera instancia con destitución del cargo.

La locura nacional sostiene que el presidente aspira a una reelección que no es reelección; que el período presidencial es de cuatro años, pero el expresidente Correa estuvo diez años y el actual quiere también llegar a diez años. La contabilidad política se enemista con la aritmética.

De todas las locuras, la peor es la de prender fuego en el cinturón verde de la capital a sabiendas de que puede convertirse en tragedia de incalculables proporciones. Los bomberos, las autoridades, los expertos dicen que los incendios en Quito y Guayaquil han sido deliberados y, por tanto, actos de terrorismo. El país necesita beber jarabe de cordura.