La crisis ambiental y energética que enfrenta Ecuador hoy no es sorpresiva. Las sequías más severas en más de seis décadas y los recientes incendios forestales, algunos al parecer intencionados, han puesto al país en una situación crítica. Lo que asombra no es la gravedad del problema, sino la flagrante falta de previsión por parte del gobierno. En una era en la que la tecnología permite anticipar desastres, es desconcertante ver cómo la gestión de recursos tan vitales como el agua y la energía está al borde del colapso. No se trata solo de apagones, sino de cortes de agua que comprometen el bienestar y frenan la economía nacional. ¿Qué medidas han tomado las instituciones responsables de prever y gestionar esta crisis? El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), por ejemplo, alertó sobre la escasez energética hace meses. La sequía era previsible. ¿Por qué no se tomaron las medidas necesarias y se realizaron las inversiones requeridas?
Mientras tanto, el gobierno, lejos de priorizar la protección de los recursos hídricos, sigue firmando concesiones mineras. La minería es una actividad que demanda cantidades ingentes de agua y puede requerir desde decenas de miles hasta millones de litros por cada tonelada de mineral extraído. Es evidente que los intereses particulares y la incompetencia técnica están llevando al país a una encrucijada, dejando a la ciudadanía en un creciente estado de frustración y descontento.
El arzobispo de Cuenca ha sugerido rezar por lluvias, pero no se puede pretender que las soluciones vengan por intervención divina mientras se ignoran las responsabilidades humanas y se continúan dilapidando los recursos naturales. La ciudadanía debe adoptar una cultura de ahorro y cuidado ambiental, algo ignorado por muchos durante el debate sobre la preservación del Chocó Andino.
Frente a este desafío ambiental, Ecuador cuenta con un enorme potencial para energías limpias, aprovechando su ubicación geográfica privilegiada. Ejemplos como la Central Eólica Villonaco en Loja y los proyectos en Galápagos, con Baltra como referente, lo demuestran. Sin embargo, el país aún carece de una política clara al respecto. Como bien señalaba el filósofo Hans Jonas en El principio de responsabilidad, nuestra obligación es garantizar la supervivencia de las futuras generaciones; la inacción ante el cambio climático no es solo una falta política, sino una traición ética.
Los gastos en discapacidad no son dispendiosos
Por Berenice Cordero
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