¿Dónde está el problema? La ley de competitividad energética además prohíbe todo tipo de delegación al sector privado para financiar el mantenimiento de la infraestructura del Estado, cuando ya desde antes de su promulgación se conocía de los aprietos fiscales donde el gobierno como es evidente tiene dificultad en hacerlo solo.

De hecho, con el panorama actual ciertamente el sector público necesita un urgente concurso de la empresa privada para financiar diversas actividades que se requieren en el desarrollo energético. La situación del Ecuador es realmente compleja por más buenas intenciones que tenga la autoridad actual. Los apagones nocturnos y otras medidas de racionamiento energético que han sido implementadas son debido a la mayor sequía de los últimos 70 años, han afectado gravemente las centrales hidroeléctricas, donde excepto por Hidro Nación son centrales de pasada sin mayores reservas de agua. A ellos se suma el mantenimiento de toda la infraestructura energética. ¡Es muy preocupante!

Las áreas de enfoque para desarrollar urgentemente un programa que permita visualizar el desarrollo energético de por lo menos hasta el año 2050 debía considerar múltiples aspectos de la generación eléctrica y su expansión, diversificando la capacidad y las fuentes de energía alternativas disponibles. En cuanto a la transmisión eléctrica, es fundamental mejorarla y expandir la red de transmisión incluso al norte oriente para reemplazar los generadores de Diesel (más de 300 MW), Para asegurar una distribución eficiente y confiable.

Es necesario optimizar la infraestructura de distribución con base en la expansión de la generación y el crecimiento de las ciudades, complementado con la llevada de energía trifásica a la zona rurales para que puedan instalar maquinarias y equipos que requieren este tipo de energía para el desarrollo del agro. De igual manera tecnificar la red para reducir las pérdidas y mejorar la calidad de servicio basado en las capacidades de “IoT-Internet de las cosas“ mediante micros sensores para este propósito, que facilitan la información adecuada para evitar las pérdidas negras u otros tipos de pérdida, una comercialización eficiente y competitiva que no se da actualmente bajo el sistema monopólico y regulado, pero con cálculos erróneos del costo energético que seguramente le cuesta al Estado ecuatoriano más de 1000 millones de dólares al año y que tiene al sistema energía energético estratégico en soletas.

Es necesario también mejorar toda la agilidad en cuanto a los permisos de ambientales, consultas a la comunidad y demás permisos tanto nacionales como locales para la instalación urgente de tan necesitada energía a lo largo y ancho del país. La actual situación perjudica a la educación, la salud, la producción y el empleo, afectando los ingresos de la población.

En la siguiente década se va a necesitar por lo menos unos 8000 Mw adicionales, para lo cual hay que flexibilizar el mercado tomando los modelos de nuestros países vecinos Colombia, Perú, Chile, Brasil y Uruguay, para mencionar algunos, que ya tienen legislaciones más adecuadas para este propósito.

Todo esto tiene que darse bajo un enfoque integral que permita desarrollar el sector energético de una manera sostenible y eficaz, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030.