La tarde de este jueves, 26 de septiembre de 2024, el juez encargado del caso Pampa decidió mantener la validez del proceso judicial, en el que la Fiscalía General del Estado investiga un presunto delito de lavado de activos que involucra a 13 personas naturales y ocho empresas. La decisión fue tomada durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio realizada en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Las defensas de los procesados presentaron solicitudes de nulidad del proceso y excusa del juez, argumentando que no se les notificó de la investigación previa debido a su carácter reservado. Sin embargo, el magistrado rechazó estas peticiones y explicó que la falta de notificación no afectó el derecho al debido proceso de los acusados.

El caso involucra a una red narcodelictiva que, según la Fiscalía y la Policía Nacional, operaba con la cooperación de la Policía Española. La red estaría liderada por Dritan G., de nacionalidad albanesa, Mario S., de origen argentino, y Carlos G., ecuatoriano. Se presume que junto con sus familiares y círculos cercanos habrían creado empresas o utilizado otras ya existentes para ocultar el origen ilícito del dinero proveniente del narcotráfico.

Las compañías implicadas estaban vinculadas a actividades como la exportación de productos agrícolas, compra y venta de bienes inmuebles, producción de cárnicos y cultivo de cannabis. Entre 2015 y 2024, se detectaron movimientos financieros no justificados por un monto aproximado de 31 millones de dólares, utilizados para adquirir bienes muebles como vehículos de alta gama e inmuebles en las provincias de Guayas, Los Ríos, Cotopaxi, y Santa Elena.

Tras declarar la validez del proceso, el juez indicó que la Fiscalía presentará este viernes su dictamen acusatorio, lo que marcará el inicio formal del juicio contra los presuntos implicados.