La Comisión de Seguridad Integral sesionó para continuar con la fiscalización a las posibles irregularidades en la comercialización y distribución de combustibles, para lo cual recibió a delegados del Ministerio de Energía, Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y de la petrolera EP Petroecuador.

Gabriel Zárate, delegado de la cartera de Estado, explicó que la entidad, dentro de sus competencias, es quien encabeza la cadena de comercialización de hidrocarburos y se encarga de entregar autorizaciones a las empresas comercializadoras de combustibles, con base en el cumplimiento de los requisitos establecidos en normas pertinentes en la materia.

“Para proceder con la calificación se verifica que una comercializadora venda combustibles al menos a diez centros de distribución final o gasolineras, que a su vez, reciben permisos de funcionamiento a través de acuerdos ministeriales”, detalló.

De su lado, Ernesto Samanante, delegado de EP Petroecuador, explicó que la petrolera, en su rol de abastecedora de combustibles, entrega un código único a las empresas comercializadoras, una vez verificado el cumplimiento de la resolución de comercialización del ministerio de Energía y Minas y el Registro único de Proveedores (RUP) actualizado de la empresa. “Si se presentaran irregularidades, EP Petroecuador emite un oficio a la ARCH y se procede a la suspensión del código único”, señaló.

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Por parte de la ARCH, compareció Juan Carlos Chimbo, quien detalló que se han impulsado controles a ocho personas jurídicas ante posibles infracciones, en su calidad de comercializadoras de combustibles y se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

En otro orden, la mesa legislativa también escuchó al director general de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gabriel Zárate, con relación al tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia.

La autoridad señaló que los organismos de inteligencia en el Ecuador no disponen de un cuerpo normativo propio que le garantice un adecuado procesamiento y organización de la información, para tomar decisiones acertadas y oportunas en el combate al crimen organizado.

Para concluir, solicitó constituir una herramienta preventiva y no reactiva, que tome en cuenta a los siete subsistemas de inteligencia, en la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, ya que estos, por sí mismos, no cuentan con una misión constitucional y estarían impedidos de ejecutar acciones de inteligencia y contrainteligencia con validez judicial en los procesos investigativos que se efectúen.