La crisis energética que azota a Ecuador es el resultado de una gestión gubernamental deficiente y una falta de previsión evidente. A pesar de las advertencias y las consecuencias palpables para la ciudadanía, el gobierno ha sido incapaz de ofrecer soluciones efectivas y ha preferido culpar (como es lo usual) a administraciones anteriores.
Es así como el descontento ciudadano ante esta crisis se ha intensificado. Y lo vemos reflejado en frases como “le importa un pito”, altamente viral gracias a las declaraciones de un alto oficial de la Policía Nacional. Este sentimiento de desilusión se dirigió directamente hacia el gobierno, acusado de inacción ante una situación que se veía venir desde hace meses.
La comunicación gubernamental durante la crisis, también, se caracterizó por su ineficacia. Una sucesión de declaraciones oficiales, muchas veces contradictorias y fuera de contexto, solo contribuyó a generar mayor incertidumbre y desconfianza en los ecuatorianos.
La ciudadanía ha sido testigo de cómo la falta de planificación y la inversión insuficiente en el sector eléctrico han generado una situación crítica. Negocios cerrados, industrias paralizadas y hogares sin energía son solo algunas de las consecuencias de esta crisis.
Una mala gestión que es palpable por donde se la mire. Según cifras del Ministerio de Energía y observatorios del gasto público, para agosto de 2024, la inversión en el sector eléctrico ha sido inferior al 10%. Específicamente, el Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica, con un presupuesto asignado de $7 millones, ha ejecutado apenas el 10% de su valor. Aún más preocupante es el caso del proyecto de Modernización y Renovación del sistema eléctrico, con un presupuesto de $10 millones, alcanzando tan solo el 0.05% de ejecución.
Además, el gobierno ha optado por soluciones costosas y poco eficientes, como la adquisición de barcazas generadoras. De acuerdo a cifras estatales, la segunda barcaza costará 316 millones de dólares, casi el triple de lo que ya nos cuesta la primera que llegó hace poco para superar la crisis energética.
Mientras tanto, yo me pregunto, ¿quién paga las consecuencias de esta mala gestión? Los ecuatorianos (como es lo usual conminados a “ponernos la camiseta”), los empresarios (quienes son emplazados a poner de parte en esta crisis), o el gobierno central (que sigue sin bajarse de su pedestal). ¿Acaso los ciudadanos somos simples peones en un juego político donde siempre perdemos?