Julio José Neira, secretario general de la Integridad Pública, denunció que la empresa Copedesa habría perjudicado al Estado ecuatoriano en USD 94 millones durante los últimos tres años a través de un esquema de contrabando de diésel. Según Neira, la distribuidora de combustibles adquiría diésel con subsidio destinado a ciertos segmentos, como el automotriz, naviero o industrial, y lo desviaba hacia otros sectores no beneficiados por el subsidio.

Neira detalló que la distribuidora automotriz Gasquil habría desviado el combustible hacia la empresa Corpalubri, perteneciente al segmento industrial, que no recibe subsidios. Ambas empresas, junto con Copedesa, estarían vinculadas al grupo Alva3, cuyos accionistas serían los beneficiarios de este esquema.

La Agencia de Control y Regulación Hidrocarburífero suspendió la entrega de combustible a todas las compañías vinculadas al grupo Alva3, como parte de las medidas adoptadas tras las investigaciones.

Para calcular el daño causado, se tomó en cuenta la diferencia de precio entre el diésel subsidiado y no subsidiado (USD 1,16 por galón) y se multiplicó por el volumen de combustible vendido entre 2021 y 2023.

Neira negó que se trate de una persecución política, señalando que el delito fue cometido antes de que uno de los involucrados se convirtiera en candidato a un cargo público. El caso está siendo investigado por la Fiscalía, mientras que varias estaciones de servicio y distribuidoras ligadas a Copedesa han sido clausuradas.