El 19 de septiembre de 2024, el pleno del Consejo de la Judicatura decidió suspender por tres meses sin remuneración a dos jueces de la Corte de Justicia de Guayas, Silvia Orozco y Hugo González, debido a graves acusaciones de corrupción.

La jueza de lo Civil de Guayaquil, Silvia Orozco, está acusada de haber solicitado o recibido préstamos que comprometen su imparcialidad. Según la resolución a la que tuvo acceso PRIMICIAS, Orozco desestimó una demanda contra el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes y su esposa Mónica Alvarado, presuntamente colaborando con un grupo delictivo para influir en fallos judiciales relacionados con el caso Banco del Pacífico. La disputa legal involucra un préstamo de USD 314.800 otorgado en 1998 para la compra de una camaronera, que la entidad financiera alega fue falsificado en 13 notas de pago por Muentes. El exasambleísta niega las acusaciones.

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Por su parte, el expresidente de la Corte de Justicia de Guayas, Hugo González, también ha sido suspendido. La Judicatura sostiene que González recibió el apoyo de un grupo delictivo para ser elegido como presidente de la Corte, con la condición de usar su cargo en beneficio de la organización criminal. La investigación revela que el líder de esta estructura, Pablo Muentes, habría aprobado sus gestiones de campaña y supervisado el cumplimiento de sus ofertas para obtener la presidencia de la Corte.

La suspensión sin remuneración de ambos jueces refleja la seriedad con la que el Consejo de la Judicatura está abordando las denuncias de corrupción dentro del sistema judicial.