La situación que enfrenta la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, desde que asumió sus funciones ha sido lamentable. El presidente de la República, Daniel Noboa, y una parte de su gabinete, sin duda han ejercido violencia política basada en género en su contra. 

El Código de la Democracia establece con claridad que la violencia política tiene como fin acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de funciones. Además, busca inducir u obligar a las mujeres a renunciar al cargo de elección popular que han obtenido. Este ha sido, precisamente, el accionar de Daniel Noboa contra quien escogió como binomio y hoy es su vicepresidenta. 

Una de las voceras del Ejecutivo llegó incluso a cuestionar a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres por expresar su rechazo a los actos de violencia que ha enfrentado Abad. Además, tildó a la vicepresidenta de “mala madre” y “ambiciosa” en varios medios de comunicación. 

Cabe mencionar que, el hecho de la que la vicepresidenta Abad se haya mostrado contraria a las demandas del movimiento de mujeres, no implica que estos sectores dejen de señalar las incorrecciones del régimen en torno a la segunda mandataria.  

El caso de la vicepresidenta Abad nos recuerda lo ocurrido en febrero de 1997, cuando Abdalá Bucaram fue destituido por el Congreso Nacional, y varias fuerzas políticas se unieron para impedir la sucesión de Rosalía Arteaga, quien era la vicepresidenta de Bucaram. Alegaban que existía un “vacío constitucional”. Hoy se reconoce que se cometió un acto arbitrario contra Arteaga, quien asumió la presidencia por apenas cinco días, para luego entregar el poder a Fabián Alarcón como presidente interino.  

En nuestro país, la figura de la vicepresidencia ha sido históricamente débil y, en ocasiones, relegada a un segundo plano en la toma de decisiones. Sin embargo, en el escenario político actual cobra especial relevancia, en virtud de la candidatura de Daniel Noboa a la Presidencia de la República. Para ello, constitucionalmente procede la sucesión presidencial, pero el gobierno está empeñado en impedir el ascenso de Abad a toda costa. 

La ruptura de relaciones entre Noboa y Abad fue evidente desde el inicio del período de gobierno. Sin embargo, el presidente jamás ha informado a la ciudadanía cuáles fueron las razones de este distanciamiento. Por el contrario, ha arrastrado al país en su cruenta disputa.  

El presidente y su equipo de trabajo han planteado las soluciones más descabelladas para impedir que Abad le suceda. Su última jugada ha sido someter a la Vicepresidenta al régimen del servicio público, instaurándole un sumario administrativo, procedimiento totalmente irregular e inconstitucional, pues la propia Ley Orgánica de Servicio Público la excluye de la carrera administrativa.  

La negativa por parte de Daniel Noboa de respetar la sucesión presidencial podría generar una crisis de gobernabilidad. Por ello, el país debe estar alerta y exigir que se respeten los mecanismos constitucionales, con el fin de evitar que los intereses y pugnas personales prevalezcan sobre el bienestar nacional.