La Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por el chavista Jorge Rodríguez, propusó formalmente romper relaciones diplomáticas y comerciales con España.

La propuesta de acuerdo surge como respuesta a la reciente resolución del Congreso de Diputados español que reconoce a Edmundo González como presidente electo, desafiando los resultados de las controvertidas elecciones del 28 de julio, donde Nicolás Maduro fue reelegido en medio de acusaciones de fraude.

Además, el régimen venezolano calificado por exmandatarios latinos como “narcodictatorial” expresó su indignación por las declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, quien calificó al gobierno de Maduro como una dictadura.

Posteriormente, la tensión escaló aún más con la detención de los españoles José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme en Puerto Ayacucho, quienes, según las autoridades venezolanas, estarían involucrados en actos terroristas.

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Las familias de los detenidos afirman que estaban de vacaciones y fueron arrestados injustamente mientras tomaban fotografías. La acusación ha sido categóricamente desmentida por España, que exige pruebas y más información sobre las condiciones de detención.

En un nuevo desarrollo, Diosdado Cabello, ahora ministro de Interior y Justicia, anunció la captura de un cuarto ciudadano estadounidense, Wilbert Castañeda, presuntamente involucrado en una operación encubierta dirigida por la CIA para derrocar a Maduro. Este último alegato se suma a las ya existentes acusaciones contra otros ciudadanos estadounidenses y un checo, Jan Darmovrzal, involucrados en supuestas conspiraciones.

Mientras las relaciones entre Venezuela y España se deterioran, los cancilleres de ambos países han mantenido comunicaciones para tratar de desactivar la crisis. Sin embargo, las recientes acciones y declaraciones han tensado aún más el ambiente.

La propuesta de ruptura de relaciones todavía no ha sido aprobada, pero las amenazas de Maduro y su gobierno reflejan una escalada en la confrontación diplomática.