Ya en un comentario insinué que el juicio político a la fiscal general Diana Salazar sería muy difícil de llevarse a cabo, salvo la aceptación de los interpelantes con el riesgo de que el país conociera de nuevas, poderosas y demoledoras exposiciones de la acusada y que, al final, más fueran los daños que los beneficios políticos que se iban a obtener. Ahora el “narcojuicio”, como lo calificó Salazar, ya está archivado. Primero desestimado por la Comisión de Fiscalización, después oleado y sacramentado por el Pleno de la Asamblea Nacional, es decir no ha quedado ni un solo espacio para el pataleo.

¿De verdad los promotores del juicio a la fiscal general querían que este se efectuara? La mayoría dice que sí; yo voy a contracorriente. Todo hace presumir que no. En tiempo pre electoral intenso Salazar toma por sorpresa a sus perseguidores y los desafía a que el proceso interpelante se reanude. Lo hace llamándolo “narcojuicio” y “burdo intento de revancha de los grupos delictivos a los que siempre les he resultado incómoda” por el trabajo “contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada”. Si quienes quieren la cabeza de Salazar hasta hace poco tenían la certeza de que con el juzgamiento la fiscal era censurada, destituida, enjuiciada y hasta llevada a la cárcel, cuando la representante del ministerio Público, sin anestesia, los conmina a llevarla a la Asamblea, los descuadra; se ofenden por lo de “narco” y, además, ¿qué traerá ella como novedad?, ¿qué revelaciones truculentas va a hacer? Y si lo que dijera es mucho más grave de lo que ya conocen los ecuatorianos, ¿cómo va a resistir la fórmula presidencial a las muy cercanas elecciones?

El escándalo, el insulto y más ocurrido en la sesión que resolvió no enjuiciar a la fiscal, parece que fue preparado de antemano, porque al plazo para decidir se lo dejó caducar y los demandantes sabían que el Pleno de la Asamblea tampoco los favorecería. Ahora hablan de “pisotear” la Constitución y la Ley Orgánica Legislativa. ¿De verdad se creen lo que dicen? Surgen dudas, porque ahora “el narcojuicio y los macabros intereses”, como ha calificado al asunto la fiscal Salazar, ya está enterrado; ya no hay el peligro de que la Asamblea sea el escenario donde, para bien del país, se terminen de ventilar los casos Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla y otros, poniendo al descubierto más nombres, más beneficiarios del delito, más millones de dólares en sus bolsillos, más justicia corrupta y más y más de la misma porquería con que se ha inundado al país.

Las conveniencias electorales no sólo de los acusadores de la fiscal, sino también de otras organizaciones políticas, terminaron imponiéndose a la muy reconocida popularidad de Salazar. Su censura y destitución, para la mayoría de los ecuatorianos y para el mundo democrático habría sido una escandalosa injusticia.