El investigador ecuatoriano Arduino Tomasi, PhD de la London School of Economics y actualmente afiliado a la Universidad de Chicago, hizo un inquietante descubrimiento mientras revisaba estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Detectó un preocupante aumento en los casos de tráfico de menores y desapariciones de personas, fenómenos que, según sus estudios, se dispararon después de la salida de la base militar de Manta en el gobierno de Rafael Correa. Estos hallazgos abrieron una nueva discusión sobre la seguridad en Ecuador, mientras la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (Asfadec) continúa su incansable lucha por visibilizar los casos de desaparecidos, un drama que parece intensificarse cada año.

Según las cifras de Tomasi, el tráfico de menores aumentó un 150% entre 2009 y 2012, un dato que se alinea con el crecimiento exponencial de las desapariciones. Mientras que los casos anuales de personas desaparecidas en Ecuador se mantenían por debajo de los cien durante el periodo en que la base militar estaba operativa, desde el 2010, los números han crecido hasta estabilizarse en cerca de 10.000 casos anuales entre 2014 y 2018.

Estos datos escalofriantes encuentran eco en los testimonios para de Lidia Rueda, presidenta de Asfadec, quien ha sido una voz crucial en la lucha por la visibilización de los desaparecidos.

En 2023, se reportaron 7.572 desaparecidos, de los cuales 6.842 habrían sido localizados, mientras que 730 siguen bajo investigación. “Las cifras oficiales no reflejan toda la verdad”, asegura Rueda.

Linchamiento y ejecución pública de sospechoso de crimen en Cayambe 

“Muchas familias no denuncian por falta de información o por el maltrato que reciben al intentar hacerlo. El número real es mucho mayor”, añadió.

El drama detrás de los números

Lidia Rueda conoce muy bien el dolor de quienes buscan a un ser querido. Su prima, embarazada y en el último control prenatal, desapareció en Guayaquil hace más de 50 años, y su caso sigue sin resolverse. “Era joven y nunca volvió a casa después de ese control médico”, recuerda con tristeza.

La organización que preside, Asfadec, ha sido una plataforma de esperanza para muchas familias desde su creación en 2012, tras la desaparición de Carolina Garzón. Desde entonces, han liderado plantones, exigido respuestas al Estado y visibilizado la situación de los desaparecidos. La labor de Asfadec es crucial, no solo porque ayudan a difundir los casos rápidamente, sino porque han observado que entre más rápido se visibilice un caso, mayor es la probabilidad de que se encuentre a la persona, aunque muchas veces las encuentran escopolaminadas o, en el peor de los casos, sin vida.

La lucha contra la impunidad

La frustración de Rueda va más allá de los números. Denuncia que, en muchos casos, las autoridades no actúan con la celeridad necesaria, lo que entorpece las investigaciones. En cuanto a los responsables de estos crímenes, Rueda lamenta que el Estado no haya tomado acciones suficientes para desmantelar las redes criminales que están detrás de las desapariciones. “Así como han identificado a grupos terroristas, deben hacer lo mismo con estas organizaciones delictivas. Nuestros niños, niñas y mujeres están desapareciendo, y el Estado no está haciendo lo suficiente para protegerlos”, afirmó.

Los últimos casos reportados en 2024, como la desaparición y muerte de dos niñas en Tulcán y los cuerpos hallados en Mojanda, evidencian el creciente nivel de violencia en el país. Asfadec organizó plantones en Tulcán, donde la comunidad, junto con las familias afectadas, sigue esperando respuestas.

Una lucha que sigue creciendo

La cantidad de desaparecidos ha aumentado notablemente en los últimos años. Según los datos que maneja Asfadec, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, los casos han crecido de manera alarmante. En 2020, se registraron 227 casos nuevos en investigación, en 2021 fueron 360, en 2022 sumaron 594, y el 2023 cerró con 730 personas desaparecidas.

La lucha por la verdad, justicia y reparación sigue siendo titánica, y Rueda insiste en que la falta de acción por parte del Estado es uno de los mayores obstáculos. “Si un desaparecido es encontrado muerto, la Fiscalía debe, por oficio, iniciar una instrucción penal, pero muchas veces esto no ocurre”, denuncia la activista.