El 10 de septiembre de 2024, el régimen de Daniel Ortega retiró la nacionalidad y confiscó los bienes de 135 expresos políticos, quienes habían sido enviados a Guatemala la semana anterior tras una mediación de Estados Unidos. Acusados de atentar contra la soberanía nacional, estos individuos enfrentan ahora el despojo de su ciudadanía. ¿Estamos prestando suficiente atención a lo que ocurre en este país centroamericano, o hemos comenzado a normalizar sus crímenes? 

¿O podríamos entender la falta de énfasis en la crisis nicaragüense a través de la perspectiva del filósofo Georges Didi-Huberman, quien, en Pueblos expuestos, pueblos figurantes analiza cómo ciertas regiones se convierten en meros “figurantes”, despojadas de visibilidad y agencia? La visibilidad y el enfoque de cada crisis parecen depender en gran medida de la agenda global y del poder mediático, lo que lleva a que situaciones de extrema gravedad sean puestas en un segundo plano según su relevancia en la narrativa internacional. 

El régimen de Ortega, que emergió de una revolución sandinista con promesas de justicia social, ha degenerado en un autoritarismo despiadado. La confiscación de bienes y la revocación de la nacionalidad no son actos aislados, sino parte de un empeño por consolidar un dominio totalitario, reducir a la disidencia a la impotencia y sofocar el disenso. Este patrón de represión y control define el gobierno de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.  

Juntos, han establecido una dinastía política que convierte al país en su propio dominio privado. 

La falta de atención internacional a la represión en Nicaragua revela una desconexión alarmante entre la gravedad de las violaciones de derechos humanos y la cobertura mediática que reciben. La indiferencia y el apoyo de algunos sectores de la izquierda internacional a Ortega destacan una inquietante contradicción entre los ideales que proclaman y la realidad de la represión. El conflicto nicaragüense, a pesar de su severidad, permanece en las sombras en comparación con otras crisis. 

En lugar de permitir que estos pueblos permanezcan como “figurantes” en la narrativa global, es esencial confrontar la represión con visibilidad y solidaridad genuinas. 

Ignorar la brutalidad en Nicaragua no solo prolonga la injusticia, sino que traiciona la lucha por los derechos humanos fundamentales.