Un reto fundamental, pero no cumplido por la mayoría de gobiernos de turno, es el buen uso de los recursos públicos de inversión, especialmente para sectores estratégicos como hidrocarburos, minería, energía y telecomunicaciones. Los escándalos de corrupción y conflictos de interés se han convertido en el pan de cada día especialmente en estas áreas.
¿Esta situación obedece a una falta de conocimiento y tecnología, o a una falta de decisión política?
La transparencia e integridad son elementos indispensables para lograr proyectos de inversión exitosos, lo cual complementa los demás criterios indicados en mi artículo anterior titulado “Dos caras de una misma moneda”.
Si bien es cierto que la certificación de las instituciones públicas en normas como la ISO 37001, para un sistema de gestión antisoborno, es una buena práctica; quedó claro que no es suficiente para prevenir la corrupción en las empresas públicas de los sectores estratégicos donde continúan los escándalos de corrupción. Tampoco fue suficiente la exigencia de transparencia en los procesos administrativos y de compra pública. Es importante observar que incluso mecanismos de control recomendados por consultoras internacionales contratadas por el propio Estado, son luego desactivados por nuevos funcionarios (usualmente del jerárquico superior) al pasar de un gobierno a otro. Tal es el caso del sistema de control de pérdidas para importación de hidrocarburos (Loss Control) recomendado en la consultoría ejecutada por la firma internacional Arthur D Little para Petroecuador en 2015 y que dejó de aplicarse a finales de 2021 (hasta la fecha).
Deberíamos fijarnos entonces en la probidad de quienes toman las decisiones en estas entidades públicas. Cabe anotar que se confunde generalmente la probidad con un aparente conocimiento o experiencia.
Resulta lógico que el funcionario tenga el conocimiento suficiente del área, lo cual actualmente se “verifica” mirando que el título profesional guarde relación al cargo. Claro está que el título por sí solo, no es garantía de conocimiento de un sector estratégico. Y extrañamente la mayoría de cargos del jerárquico superior en sectores estratégicos que deberían estar asociados a ingeniería, se han “flexibilizado” para ser ocupados por profesionales de otras áreas.
La experiencia, usualmente se “verifica” leyendo la hoja de vida del “elegido”(consta en negrita porque usualmente los concursos y ternas se han convertido en mera formalidad). Es hora que la evaluación de la experiencia involucre investigar los resultados obtenidos por el profesional en trabajos similares anteriores.
La probidad además de lo antes indicado, involucra integridad, englobando una serie de principios y asegurando concordancia entre lo que se piensa, se dice y se hace.
¿Cómo podemos medir la integridad?
No hay una medida directa de la integridad, no es una cualidad que se mide directamente, sino indirectamente, evaluando los riesgos asociados al talento humano. En este sentido es indispensable que se establezcan las categorías de riesgo a evaluar. Por ejemplo, para cargos del jerárquico superior de sectores estratégicos es importante descartar riesgos asociados a soborno, estafa, ganancias deshonestas, vínculos con el crimen organizado, extorsión, lavado de dinero, conflictos de interés, entre otros.
Empresas internacionales ofrecen hoy en Ecuador pruebas de integridad no invasivas basadas inteligencia artificial que mediante mediciones de reacción fisiológica a entrevistados determinan riesgos asociados sin necesidad de intervención humana. Además las instituciones estatales encargadas de la seguridad nacional disponen de herramientas de este tipo.
Por tanto resulta evidente la respuesta a la primera interrogante de este artículo.
El poder de la premisa y la premisa del poder
Por Ney Dolberg
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