“Más accidentes de tránsito, muertes y peatones atropellados podrían ser las trágicas consecuencias de una decisión errónea tomada por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en plena época electoral”. El constitucionalista Gonzalo Muñoz, en declaraciones exclusivas con Ecuadorenvivo.com, calificó como “inconstitucional y arbitraria la resolución que pone fin abruptamente” a los convenios de control operativo del tránsito con los municipios tipo B, entre ellos los de Guayas y Santa Elena.

Según Muñoz, esta medida vulnera el artículo 30.2 de la Ley Orgánica de Tránsito, que permite a los municipios hacerlo mediante convenios con el ente competente.

“La ANT ha asumido de manera arbitraria el rol de legislador”, señaló Muñoz, quien advirtió que la resolución del 4 de septiembre contradice la ley al prohibir a los municipios tipo B asumir la competencia del control del tránsito, limitando los convenios únicamente a la planificación del mismo.

Muñoz afirmó que esto es una violación de la competencia exclusiva que la Constitución y la ley reconocen a los municipios en materia de control operativo del tránsito.

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El constitucionalista también expresó preocupación por los riesgos que representa la suspensión de los medios tecnológicos utilizados para el control del tránsito. “Retirar estos sistemas puede ocasionar un aumento en los accidentes y la pérdida de vidas, todo por una decisión basada en politiquería”, advirtió.

Según Muñoz, aunque los sistemas tecnológicos de control pueden requerir ajustes, su eliminación no es una solución adecuada, ya que son fundamentales para la seguridad vial y la protección de peatones y conductores.

Asimismo, alertó que este tipo de decisiones afectan la seguridad jurídica del país y la credibilidad frente a la inversión extranjera, al demostrar una falta de respeto por los contratos y la legalidad. “Lo que ha hecho la ANT es asumir un papel que no le corresponde y perjudicar gravemente a los municipios en su capacidad de controlar el tránsito de manera efectiva”, concluyó.

El jurista ha solicitado que, en el auto de admisión, la Corte Constitucional suspenda provisionalmente la norma hasta que se pronuncie sobre el fondo del caso. Muñoz espera una respuesta favorable del presidente de la Corte, Dr. Alí Lozada, y confía en que la Corte, en su papel de garante del estado de derecho en Ecuador, actuará conforme a los precedentes jurisprudenciales y protegerá a los municipios afectados.