La burocracia es el poder que se ejerce desde las ventanillas, frente a las cuales tanto la ley como los reglamentos se diluyen, se tergiversan y con o sin razón se desatienden y desobedecen. No solamente lo he visto yo, creo que lo hemos sufrido todos en carne propia en uno o múltiples momentos donde la burocracia impone sus interpretaciones, impone sus propias reglas y pautas contenidas en memorandos, informes o circulares ahora ya no en papel solamente, sino digitales muchas veces y ahí queda entrampado el ciudadano en el absurdo, el desconcierto y sobre todo en la decepción.

La oficina, el despacho o como se lo quiera llamar, constituye el santuario que conserva todos los secretos. Los archivos, actualmente digitales, recogen esta magia del poder que radica en la capacidad de controlar la suerte de miles de personas, cuyos vecinos con frecuencia están amparados en lo de expedientes. En los vestíbulos o salas de espera de las dependencias y ministerios quedan las horas de aburrimiento y frustración de ciudadanos cansados de la espera y angustiados con la preocupación de “vuelva mañana”.

Los formularios son la ley suprema de la burocracia y su constitución política. Ahí está en blanco y negro lo que debe cumplirse; no en los códigos, tampoco en las ofertas de campañas presidenciales y a los otros estamentos de elección pública; tampoco en la lógica y peor aún tener fe en la ingenua creencia de que la ley rige para todos, incluyendo a los funcionarios.

La burocracia se inventó para servicio a la comunidad, pero hoy esto se ha transformado en un poder paralelo al del Estado, con sus propios propósitos de autodefenderse, diluir responsabilidades y continuar creciendo hasta el infinito a costa de los contribuyentes y de un presupuesto permanentemente deficitario. Muchos de los buenos propósitos e incluso ofertas de campaña se ven entorpecidos por estos servicios públicos deficientes y descalabrados, pero qué constantemente defienden sus conquistas laborales bajo las cláusulas de la contratación colectiva pública, de licencias sindicales, derechos adquiridos, en muchos casos acompañados de un bono de eficiencia.

Dolorosamente, frente a este poder de las ventanillas, el régimen de derecho retrocede y queda reducido a literatura y papel. La ley pierde paulatinamente sentido, donde las reglas se reemplazan por las políticas y la aplicación en ejercicio pleno de facultades discrecionales.

Se vive así bajo el reinado de la incertidumbre y la arbitrariedad, porque las únicas normas que se aplican de verdad son aquellas inventadas por el burócrata; por aquellas que han sido sometidas previamente a una interpretación adecuada a los intereses y estilos del despacho público donde impera la habilidad heredada de una tradición colonial de acatar pero no cumplir con la ley. Por ello, mucha de la posible inversión no llega al país que tanto la necesita.

Este poder de las ventanillas y los pasillos con su bautismo de pseudo legitimidad con el reforzamiento de las aficiones intervencionistas de nuestra política y políticos y sobre todo con el hábil cambio aparentemente inocuo de términos dónde en la famosa ley de competitividad energética (las minúsculas son mías) prohíbe todo tipo de delegación al sector privado para financiar el mantenimiento de la infraestructura del Estado que se encuentra en aprietos fiscales y bloquea encontrar soluciones viables que nos eviten tener apagones, fallas en el sistema de transmisión, limitación de capacidades de desarrollo de las redes de distribución, etc. como un ejemplo de lo que se viene hablando actualmente.

Ciertamente, continuamos con la legislación arcaica que persiste en mantener el motor de la inversión privada apagado y así el país no puede despegar. Como se mencionó anteriormente, el único sector estratégico es aquel donde hay la carencia. Pero la burocracia sigue convencida de que el Estado debe entrometerse en todo y por ello hay miles de permisos ambientales retenidos que se traduce en carencias y falta de inversión que afecta directamente a la sociedad ecuatoriana.

Con el ejemplo de las carreteras concesionadas en distintos partes del país se ha visto y se ha pagado con gusto los peajes de un viaje seguro. ¿Por qué creen que no va a funcionar en el resto de actividades?