La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Ecuador en diciembre de 2021 por la emergencia penitenciaria que vive el país y los sucesos reiterados de muertes violentas al interior de las prisiones ecuatorianas. Entre las recomendaciones de la CIDH se encuentra contar con un Censo Penitenciario. 

Recuperar el control estatal en el sistema penitenciario no sólo es un asunto de fortalecimiento de la fuerza pública sino también desde el Estado tener con absoluta claridad respuestas a estas interrogantes ¿Quiénes son las personas que están cumpliendo condenas en las cárceles del país?; y, ¿qué delito cometieron? Esto es la base y el punto más sensible del sistema penitenciario ya que permite organizar los pabellones entre mínima, mediana y máxima seguridad.  

En Ecuador, el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social de julio del año 2020 estableció un plazo de dos años para realizar un censo penitenciario bajo la coordinación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Entre agosto y diciembre de 2022 se realizó el Censo Penitenciario; sin embargo, al igual que ocurrió con el Censo Nacional de Población y Vivienda, a este proceso se le puede cuestionar múltiples factores técnicos que afectan a la calidad y certeza del dato, entre ellos, por ejemplo: El presupuesto inicial para el Censo Penitenciario era de 1.7 millones de dólares; sin embargo, se realizó con $ 228.792.32 mil dólares del proyecto de inversión la Subsecretaría de Diversidades del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. En el sector público se conoce que no es permitido usar el presupuesto de un proyecto de inversión para gasto corriente además los datos de la población LGBTIQ+ en los centros de privación ya fueron levantados en la Política Pública de Rehabilitación Social. Otro factor cuestionable es que, durante la ejecución del Censo Penitenciario, se realizó el traslado de 1000 personas privadas de libertad; y, por último, al finalizar el Censo, en el CPL de Cotopaxi ocurrió un amotinamiento que terminó con el asesinato de Leandro Norero, uno de los líderes de los grupos de delincuencia organizada que tanto daño le han hecho al país. 

Durante la última semana, el Presidente de la República, Daniel Noboa dispuso al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realice una auditoría de datos y cifras sobre homicidios, muertes violentas de intención no determinada, tasas de tráfico de niñas y niñas; y, desaparición de personas, desde el año siguiente a la entrada en vigencia de la Constitución de la República hasta el año 2023. Esto con el propósito de clarificar cuestionamientos que se han realizado desde la academia sobre la gestión y manejo de datos en los últimos gobiernos. 

Las cifras y datos son un elemento crucial para la toma de decisiones. Resulta indispensable incluir a los datos del Censo Penitenciario en esta auditoría y así también que sea realizada por entidades externas al Estado.