La ministra de Ambiente, Inés Manzano, afirmó que la Corte Constitucional enfrenta un desafío al gestionar el cierre del bloque petrolero en el Parque Nacional Yasuní. Durante una entrevista en Notimundo a la Carta, la ministra señaló que, a pesar de la consulta popular que ordenó el cese de las actividades extractivas, se necesita una nueva licencia ambiental para llevar a cabo el desmantelamiento de las instalaciones, lo cual requiere una consulta previa.

Esto, según Manzano, no se debe a la explotación inicial, sino porque el desmantelamiento es considerado una actividad nueva según el Código Orgánico Ambiental.

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Manzano explicó que la consulta previa está mandatada por la Corte Constitucional, pero pidió a este organismo definir cómo debe realizarse en estas circunstancias. Mientras tanto, el gobierno avanza con el cierre de pozos, pero aclaró que el desmantelamiento de las operaciones requiere más cuidado para evitar daños ambientales y sociales.

Subrayó también que el compromiso del gobierno con la comunidad afectada en la zona incluye compensaciones, como la posibilidad de que se conviertan en guardaparques, contribuyendo así a la conservación del área.

En la entrevista, la ministra también destacó la importancia de la transición energética y cómo el cierre del bloque petrolero es un paso hacia esa meta, siendo Ecuador pionero en este proceso a nivel global. Asimismo, abordó el problema de la minería ilegal, calificándola como un crimen organizado que afecta tanto a la seguridad como al medio ambiente. La ministra concluyó que su gestión busca proteger los recursos naturales y la salud pública, al tiempo que trabaja con otras instituciones para combatir este flagelo.