Expertos sobre caso Plaga: testimonio anticipado es esencial para erradicar la corrupción judicial

Sep 10, 2024

El testimonio anticipado de Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial, ha sacudido nuevamente los cimientos del sistema de justicia en Ecuador. Durante más de dos horas, Hernández detalló cómo la corrupción ha permeado en los más altos niveles judiciales, involucrando a jueces, empresarios y funcionarios públicos. Entre los mencionados se encuentran el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y el magistrado Felipe Córdoba, quienes habrían participado en acuerdos y coimas para obtener beneficios personales.

El penalista Julio César Cueva, en el programa “Vera a su manera”, explicó que el testimonio anticipado de Hernández es clave para evitar que información vital se pierda, especialmente cuando existe riesgo de que los involucrados no lleguen al juicio. “Este tipo de declaraciones son fundamentales, ya que revelan el nivel de penetración de la corrupción en el sistema”, señaló el jurista.

Por su parte, el periodista Fernando Aguayo expresó su indignación ante la gravedad del caso: “Estamos viendo cómo personas que deberían formar a los jueces del país han sido parte de esta red de corrupción. Es indignante para los ecuatorianos ver cómo la justicia ha sido manipulada a favor de intereses particulares”.

El caso Plaga pone en evidencia cómo la narcopolítica y la corrupción han alcanzado a jueces, fiscales y funcionarios del Ejecutivo. Según las revelaciones, más de 240 presos, muchos de ellos sicarios, habrían sido liberados entre 2022 y 2023 mediante documentos falsificados y maniobras ilegales.

La Fiscalía, encabezada por Diana Salazar, ha adelantado que se abrirán nuevos procesos por delitos de cohecho y tráfico de influencias. Aguayo defendió el trabajo de Salazar, afirmando que ha actuado con “profesionalismo y entereza” ante las presiones políticas.

El testimonio de Hernández también involucra a empresarios que habrían financiado viajes y gastos de jueces, con el objetivo de obtener favores judiciales. Esto, según el Cueva, configura delitos de tráfico de influencias y soborno, tanto para los que ofrecieron como para los que recibieron las coimas.



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