“El petróleo cambió la vida para bien en el Ecuador”, dijo el economista Alberto Acosta Burneo para Ecuadorenvivo.com, al ofrecer un análisis sobre el cierre de 247 pozos operativos del bloque ITT.
El cierre del bloque petrolero ITT, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, marca un hito en la política ambiental y económica de Ecuador. El 28 de agosto de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa, a través de Petroecuador, apagó el primer pozo del bloque 43, conocido como Ishpingo B-56, en cumplimiento de la consulta popular de agosto de 2023, donde el 60% de los ecuatorianos votó a favor de mantener el crudo del ITT bajo tierra.
Esta decisión ha generado controversias, reflejando una profunda división. Desde 2014, Petroecuador ha invertido aproximadamente USD 14.4 millones en compensaciones sociales para las comunidades Kichwa y Waorani en la zona, financiando proyectos en agua potable, electrificación, educación y salud, esenciales para el desarrollo local.
El economista y editor de Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo, ha sido un crítico destacado de la decisión de cerrar el ITT. A su criterio, la medida tendrá consecuencias económicas severas para el país. Con el cierre del ITT, se inciará un proceso de empobrecimiento voluntario, porque se dejarán de recibir ingresos futuros por unos 13.800 millones de dólares, resultando en un daño fiscal total de alrededor de 16.000 millones de dólares.
En declaraciones para Ecuadorenvivo.com, dijo que el cierre reducirá el crecimiento económico del país en 2.9 puntos porcentuales durante los primeros cuatro años y destruirá aproximadamente 31.688 empleos. Esta reducción en la producción petrolera afectará las exportaciones y disminuirá el ingreso de los ciudadanos, generando un proceso de empobrecimiento generalizado.
Beneficios directos
Considera que las protestas de las comunidades indígenas que se beneficiaban de la explotación petrolera y ahora piden que esta continúe reflejan la clara comprensión de los beneficios directos que obtienen de la actividad petrolera, como ingresos por trabajo y servicios, y el impulso a sus economías locales. Mismas que ahora se verán afectadas con la decisión nacional.
En las ciudades, es común que se ignore cómo el petróleo ha transformado el país, mejorando la infraestructura y elevando el nivel de vida. La modernización del país y los avances en servicios públicos han sido en gran medida posibles gracias a la riqueza petrolera. Para las generaciones más jóvenes, que han nacido en la era petrolera, puede ser difícil imaginar el Ecuador de antes, un país mayormente rural y empobrecido.
“Hay que recordar lo que era el país antes del petróleo. Realmente las ciudades no se habían urbanizado todavía, era un país rural bastante pobre. Hay que hacer una concientización de cómo el petróleo cambió la vida para bien en el Ecuador y que lo que vemos ahora a nuestro alrededor no hay cómo tomarlo por sentado”.
No obstante, como hay que respetar lo expresado en las urnas, ve con buenos ojos que el gobierno en lugar de cerrar abruptamente, haya ideado un plan de cierre gradual para minimizar el daño a los ciudadanos. Acosta Burneo expresa que la clave es ganar tiempo para que el país pueda impulsar inversiones petroleras adicionales. Ecuador debería liberalizar su sector petrolero para atraer más capital extranjero, no solo para reemplazar lo que se perderá con el cierre del Yasuní-TT, sino para incrementar significativamente la producción.
Controversia en comunidades indígenas
El cierre del ITT ha generado una notable división entre las comunidades indígenas de la región. Mientras algunos representantes de las comunidades Kichwa y Waorani han expresado su preocupación por la pérdida de beneficios y servicios derivados de la explotación petrolera, otros, como la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), respaldan la decisión. Los líderes indígenas temen que el cese de actividades lleve al abandono de los beneficios obtenidos y cuestionan la falta de una consulta previa sobre esta decisión, un derecho que consideran fundamental.
El mismo 28 de agosto, mientras se procedía al cierre del pozo Ishpingo B-56, se registraron protestas en el cantón Aguarico, con la participación de indígenas Kichwa y Waorani que exigieron la continuidad de la explotación petrolera. Los manifestantes destacaron los beneficios que la industria petrolera ha traído a sus comunidades, incluyendo mejoras en salud, educación y desarrollo infraestructural. La protesta reflejó un descontento con la decisión del Gobierno y una preocupación por el futuro económico y social de la región.
Para Yasunidos, el colectivo ciudadano que lucha por la conservación de la naturaleza y para proteger el Parque Nacional Yasuní, la decisión popular fue algo histórico, ya que representó un primer paso concreto para luchar contra el cambio climático y dió un ejemplo mundial de cómo se pueden tomar decisiones reales en favor de la defensa de la vida, de la naturaleza, de los derechos de los pueblos y de los animales.
No obstante, la veeduría ciudadana conformada para supervisar el cumplimiento de la consulta popular denunció inconsistencias en la información proporcionada por el Gobierno sobre el número de pozos cerrados y su estado actual, generando confusión y desconfianza entre los afectados y los grupos ambientalistas.
La complejidad del proceso y las diversas reacciones de las partes interesadas subrayan la necesidad de una gestión cuidadosa y un diálogo efectivo entre el Gobierno, las comunidades locales y los grupos ambientalistas.
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