El pasado 26 de agosto, el Consejo Nacional de la Judicatura resolvió declarar la nulidad insanable parcial del Concurso Público para la selección de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Esta decisión fue adoptada en respuesta a los enérgicos cuestionamientos de los gremios de abogados y abogadas del país, que exigían la nulidad total de dicho concurso debido a las irregularidades presentadas en torno a las pruebas de confianza, recalificaciones arbitrarias, y el presunto cometimiento del delito de concusión por parte de funcionarios del Consejo en dicho proceso.

Los medios de comunicación también jugaron un papel fundamental, al poner en evidencia que MÉTRICAS WEB, la empresa contratada para llevar adelante las pruebas de confianza, era prácticamente una empresa fantasma. A esto se suma la Misión Internacional de Observación del Proceso de Renovación de la Corte Nacional de Justicia (MIO-Ecuador), que demandó al Consejo de la Judicatura corregir las fallas y asegurar la transparencia y legitimidad del proceso.

Es decir, fue la presión ciudadana la que obligó al Consejo de la Judicatura  a cumplir con lo determinado en el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala: “Si en las diferentes fases del proceso de los concursos se advirtiese alguna anomalía importante que lo afecte de nulidad insanable, se rehará el procedimiento, total o parcialmente…”.

Ahora les corresponde a los miembros del Consejo de la Judicatura actuar con total rigurosidad y transparencia para ejecutar los cambios normativos necesarios, reformar el cronograma, y aplicar una nueva metodología que permita retomar este importante concurso. No caben las excusas, las respuestas vacías, y mucho menos diluir sus responsabilidades en mandos medios.

La crisis sin precedentes que enfrenta el sistema de justicia en el país ha puesto en evidencia la influencia que han llegado a tener líderes de los Grupos de Delincuencia Organizada ligados al narcotráfico en la administración de justicia. Es precisamente por esta razón que, a la Corte Nacional de Justicia, máximo órgano de la justicia ordinaria, no pueden llegar jueces y juezas deslegitimados, fruto de un proceso viciado y cuestionado. Hoy, más que nunca, el país requiere los mejores perfiles en esos espacios.

Tampoco podemos perder de vista que, para generar cambios profundos, será necesario reformar la Constitución de la República, con el fin de alcanzar un sistema de justicia independiente e íntegro y para ello se requiero el concurso de todos los actores vinculados a la administración de justicia y de la ciudadanía en general.