La crisis en el sistema penitenciario de Ecuador sigue agravándose, a pesar de las medidas de militarización y las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura de la ONU hace más de un mes.

Las condiciones deplorables de los reclusos, como la falta de alimentos, atención médica y denuncias de violencia sexual, persisten, mientras el gobierno ecuatoriano mantiene un hermetismo ante las consultas de periodistas y organismos de derechos humanos. Así lo revela reportaje de Infobae.

Uno de los casos más recientes es el de Xavier Gracia Torres, un recluso de 46 años sentenciado por asesinato, quien fue ingresado a un hospital en Esmeraldas con desnutrición severa y anemia. Según su cuñado, Gracia es solo uno de muchos prisioneros en condiciones críticas: “Si las autoridades van a la cárcel de Esmeraldas, se encontrarán con esqueletos caminando”, denunció Oliver Becerra a la televisora Ecuavisa.

Desde mayo, la Defensoría del Pueblo ya había alertado sobre la falta de alimentación en las cárceles, problema que se intensificó tras la suspensión del contrato con el proveedor de alimentos. Denuncias recientes revelan que, en algunos casos, los reclusos son maltratados por los militares encargados de la seguridad, quienes les limitan el tiempo para comer e incluso contaminan los alimentos. Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, informó que algunos presos son golpeados si se quejan por la falta de comida.

El Comité contra la Tortura de la ONU también ha expresado su preocupación por la situación de las mujeres en prisión, señalando abusos sexuales y explotación a cambio de alimentos. La periodista Karol Noroña, exiliada en el extranjero, publicó que al menos 15 mujeres quedaron embarazadas en las prisiones militarizadas en 2024, probablemente como resultado de violaciones.

A pesar de la gravedad de la crisis, la respuesta gubernamental ha sido escasa. El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), responsable de las cárceles, ha evitado responder a las solicitudes de información, y según un funcionario que habló bajo anonimato, todas las comunicaciones deben ser aprobadas por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, lo que dificulta la transparencia en la gestión del sistema penitenciario.