El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha admitido a trámite la denuncia por violencia política de género presentada contra la vicepresidenta Verónica Abad, según confirmó la denunciante, Diana Jácome. La audiencia oral única para la presentación de alegatos se ha fijado para las 10:30 del lunes 30 de septiembre en el auditorio del TCE en Quito.

El auto de admisión, firmado por la jueza Ivonne Coloma, indica que Abad deberá comparecer en la audiencia. En caso de no asistir o no justificar su inasistencia, será juzgada en rebeldía, y se le designará un defensor público. Si la denunciante, Diana Jácome, no comparece, la causa será declarada en abandono.

Jácome, asesora presidencial, presentó la querella contra Abad el 15 de agosto, solicitando al TCE la suspensión de los derechos políticos de la vicepresidenta, quien actualmente cumple funciones en Israel. La disputa entre Jácome, Abad y el presidente Daniel Noboa aún está pendiente de resolución en el Tribunal.

La controversia comenzó cuando Abad denunció a Noboa el 8 de agosto por violencia política de género, y también presentó denuncias contra tres funcionarios del Gobierno: la canciller Gabriela Sommerfeld, Esteban Torres y Diana Jácome. El proceso fue inicialmente programado para el 12 de septiembre, pero fue suspendido temporalmente por el juez Fernando Muñoz, mientras se resuelve una recusación presentada por Jácome.

En su denuncia, Abad alegó que fue enviada a un país en guerra sin seguridad adecuada, poniendo en riesgo su vida. A pesar de la disposición del Gobierno de trasladarla a la Embajada de Turquía, Abad no respondió ni acató la orden.

El Código de la Democracia clasifica la violencia política de género como una infracción grave, que puede ser sancionada con una multa de entre 21 y 70 salarios básicos unificados (USD 8.925 a USD 29.750) o con la destitución o suspensión de derechos de participación de dos a cuatro años.